Trabajar y no llegar a fin de mes. Es el día a día de un creciente número de familias en la provincia. Una nueva realidad que ha dejado la crisis y a la que quiere dar respuesta la Conselleria de Igualdad que prevé aprobar en octubre la nueva Renta Valenciana de Inclusión, que sustituye a la actual Renta Garantizada de Ciudadanía. El objetivo es que en 2018 se pueda cobrar. Esta nueva renta contempla ayudas para los trabajadores que no llegan al salario mínimo interprofesional, fijado actualmente en 700 euros. Según explica el delegado del Consell para el Modelo Social Valenciano, Xavier Uceda, «el objetivo es completar hasta el 80% del salario mínimo interprofesional si se trata de un trabajador solo y llegar al 115% cuando es el caso de una familia». De esta forma, los salarios podrían elevarse hasta 530 euros o 754, dependiendo de cada situación.
Un reciente informe del Síndic de Greuges hace hincapié en la falta de ayudas para las personas que pese a estar trabajando, no pueden llegar a fin de mes. «Percibir ingresos, por bajos que estos son, les imposibilita en muchos casos acceder a ninguna ayuda», señala el trabajo del Defensor del Pueblo Valenciano.
La principal ayuda a la que podrían optar estas personas, la Renta Garantizada de Ciudadanía jamás ha llegado a funcionar bien en la Comunidad, como lo ha publicado en reiteradas ocasiones este periódico. Según datos de la Generalitat la lista de espera para la tramitación de esta renta ha llegado a superar las 20.000 personas, con retrasos de hasta dos años.
Frente a este modelo, la nueva ley impulsa una renta que llegará a más personas, según destacó hace unas semanas Mónica Oltra durante su presentación. De esta forma «se flexibilizan los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo unicamente la residencia efectiva en la Comunidad Valenciana para tener derecho a la misma, y ampliando la edad de para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años».
En estos momentos, según explica Uceda , «estamos resolviendo las alegaciones y en marzo o abril la ley llegará a las Cortes, donde podría quedar aprobada en octubre. El objetivo es presupuestarla ampliamente para el año 2018».
Además del cambio normativo, Uceda asegura que la Conselleria de Igualdad está trabajando por «generar un nuevo modelo de servicios sociales». Para ello este año se ha previsto un presupuesto de 52 millones de euros que irá directamente a los ayuntamientos para la contratación de nuevo personal que permita reforzar los equipos de base. Y es que, en el informe del Síndic de Greuges se pone de manifiesto la saturación que sufren estos equipos, que sin embargo son la puerta por la que acceden las familias a las que golpea la crisis. «Deben resolver situaciones de emergencia para las que no tienen recursos ni servicios adecuados», señala el trabajo del Síndic.
