La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha trasladado al Gobierno y al Consell que una forma de atajar el alojamiento sumergido (miles de plazas de apartamentos) que escapa al control de la Administración sería aplicar el modelo que se ha adoptado en Francia, y que pasa por la obligación que tienen las plataformas de alquiler de pasar toda la información a la administración de turno. Entre las obligaciones destacan facilitar el nombre del titular de un negocio si es particular, nombre, dirección y CIF de la empresa, la dirección de correo electrónico del usuario, la totalidad de los ingresos brutos conseguidos por el usuario durante el año fiscal, la relación de los clientes que han pagado por los servicios y el motivo por el que se han recibido esos ingresos.
La Agencia Valenciana de Turismo tiene controlados 22.513 apartamentos con 102.749 plazas regladas, pero la realidad multiplica por cinco, hasta una oferta potencial de 500.000 plazas susceptibles de alquiler a lo largo del año en unos 125.000 apartamentos que no están registrados en Turismo. En municipios de la provincia como Alicante este tipo de oferta ilegal supera ya, incluso, a la reglada. En la capital de la provincia se contabilizan un total de 22.833 plazas (hoteles, apartamentos, hostales y campings) de las el 55% (11.853) escapan al control de la Generalitat.
El pasado verano, la elección de este tipo de alojamiento creció un 20% en relación a 2015, lo que, sin embargo, no se tradujo en turistas nuevos, ya que los apartamentos y viviendas de este tipo absorben una parte de los visitantes que, de no existir, seguirían acudiendo a las plazas regladas, las que sostienen más empleo y, por ejemplo, ingresos al Estado.
