Paralizar las acciones del área de Memoria Histórica, es decir, el cambio de calles franquistas; y la supresión de la Concejalía de Protección Animal, devolviendo estas competencias al área de Sanidad, «que es donde siempre han estado». Son dos de las diez condiciones que el grupo municipal de Ciudadanos ha puesto al tripartito que dirige el Ayuntamiento de Alicante para permitir que los presupuestos de 2017 salgan adelante.

Desde Alcaldía indicaron nada más terminar la reunión que se celebró ayer por la tarde, la segunda en los últimos días para intentar alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el documento, que no se negocian puntos ideológicos sino cuentas y que seis de ellos son «inasumibles e innegociables». Por la mañana, el alcalde se mostraba optimista ya que sólo necesitan una abstención para poder validar el presupuesto y evitar, advirtió, que Alicante pierda inversiones y dos proyectos europeos.

Sin embargo, el rechazo del tripartito a las diez condiciones de C´s tiene más lecturas. En la número 5, el grupo que lidera Yaneth Giraldo reclama la licitación inmediata de las contratas municipales prorrogadas como la limpieza de colegios y dependencias municipales poniendo de plazo el primer cuatrimestre de 2017. El tripartito reconoce tácitamente que considera imposible adjudicar este servicio antes de abril. Lo que supone que se seguirá pagando fuera de contrato por su prestación a las empresas de Ortiz, al que ya se ha abonado 13 millones de euros por una contrata caducada hace año y medio. Y esto, pese a que unas horas antes el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, había anunciado que el pliego estará listo el día 3 de enero.

La paralización de las acciones del área de Memoria Histórica sobre el cambio de nombre de calles que pide C's se basa en el recurso de reposición que presentaron el 25 de noviembre mientras que la reclamación de que se asimilen a Sanidad las competencias de Protección Animal se justifica en que esta última Concejalía «está siendo una fuente permanente de conflictos y polémicas que poco o nada tienen que ver con las preocupaciones reales de los ciudadanos», reza el decálogo. Supondría despojar de esas competencias a la edil de Guanyar Marisol Moreno y entregárselas a Sonia Tirado, de Compromís, que lleva Sanidad.

Los otros puntos conflictivos son la reducción drástica de gastos que consideran superfluos en protocolo, publicidad y propaganda, y la restricción del uso de coches oficiales exclusivamente para el alcalde y los portavoces de los grupos municipales; una auditoría externa que analice los puntos débiles de la adjudicataria de limpieza de la ciudad; y la pretensión de que los funcionarios se dirijan a los usuarios priorizando el valenciano.

El tripartito sólo aceptaría las medidas propuestas para crear empleo; programas de reinserción a colectivos desfavorecidos; la instalación de Ikea en Alicante; y la ejecución del plan OI/2, evitando invertir más en el Puente Rojo ya que se prevé su demolición. La edil de Hacienda, Sofía Morales, que estuvo con el alcalde en la reunión, declaró al finalizar que «Ciudadanos no ha querido nunca negociar los presupuestos ni darnos la abstención y por eso ponen medidas ideológicas por delante de cualquier partida económica».

Morales habló de que entre esos diez puntos hay seis verdaderas líneas rojas, «y si no aceptamos una a una no negociarán la abstención». Sobre todo criticó que se quiera reabsorber una concejalía (Protección Animal) para dejarla como la tenía el PP, y la auditoría sobre la limpieza que «ellos mismos nos han valorado en 30.000 euros. Les ha faltado traernos la empresa», lamentó.