Las presuntas irregularidades por la adjudicación de las obras de la plaza de Magallanes no se solventarán en el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción ha descartado recurrir la sentencia que absuelve al exvicealcalde de Alicante y exedil de Atención Urbana, Andrés Llorens. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que, con los argumentos planteados en el fallo, el recurso no podría prosperar y no sería admitido a trámite.
La acusación particular, que ejercía la exconcejal socialista Carmen Sánchez Brufal, también anunció en su día que no recurriría, al entender que ellos ya cumplieron con su obligación al denunciar los hechos. El plazo dado por la Audiencia Provincial para apelar la sentencia terminó la semana pasada, por lo que todo apunta que en septiembre la Sección Décima firmará un auto para declarar firme la sentencia.
El fallo de la Audiencia reconocía la existencia de irregularidades en la adjudicación, pero descartaba que hubiera delito alguno, al considerar que no se causó perjuicio al Ayuntamiento, ni a otras empresas, que no se quiso beneficiar a la mercantil y que todo se hizo para atender las peticiones de los vecinos. Por estos motivos, la Audiencia absolvió a todos los acusados, entre los que además del exedil se encontraban tres técnicos municipales y el responsable de la empresa adjudicataria de los trabajos.
La imputación de Andrés Llorens por este caso supuso el fin de su carrera política, al ser excluido de las listas del PP para el Ayuntamiento de Alicante en las pasadas elecciones municipales. En junio su situación judicial se complicó a raíz de su imputación en otras dos investigaciones que afectan su antigua concejalía: las presuntas irregularidades en la contratación de obras del Plan E, por las que tendrá que comparecer el próximo septiembre; así como, la relativa a la mercantil Isjoma por el servicio de sillas e infraestructuras para eventos festeros, fijada en octubre.
El caso de la plaza Magallanes se remonta a 2007, cuando el Ayuntamiento de Alicante aprobó el proyecto de reforma del espacio público. Meses más tarde, los vecinos de la zona se reunieron con Llorens, que acababa de aterrizar en la concejalía, para pedirle que incluyera en el proyecto varias cosas que reivindicaban y que habían sido omitidas, como una rampa de acceso a la Iglesia, una fuente y bancos. Las obras fueron paralizadas para incluir estas mejoras, pero dispararon el presupuesto de 123.450 a 227.923 euros, lo que obligaba a convocar un nuevo concurso para incluir específicamente dichas modificaciones, para lo que se optó por un procedimiento negociado sin publicidad por el que sólo se interesó Coinger, que terminó los trabajos complementarios antes de que se los adjudicaran.
