El Consell ha ampliado hasta final de año los trabajos para demoler los bungalows que se construyeron sobre suelo declarado protegido en Tabarca y fueron declarados ilegales por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2003, atendiendo una demanda de Costas en 1999. Los trabajos para el derribo han superado ya su primer mes y no terminarán hasta bien entrado diciembre, ya que, prácticamente, el desmontaje de las viviendas se está haciendo a mano porque se ha descartado introducir maquinaria pesada. Una cuadrilla de albañiles de la empresa adjudicataria trabaja, maza en mano, en una demolición que se está desarrollando con sumo cuidado al tratarse de un espacio protegido. Los escombros se trasladan al puerto y de allí un barco los lleva a Santa Pola.
El Consell tiene previsto pasar al cobro de los dueños de las casas el pago del derribo, pero se enfrenta también a una posible reclamación patrimonial de los mismos, ya que éstos estudian una indemnización de 2,5 millones de euros, al entender que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró ilegal la construcción en 2003 fue contra la Generalitat Valenciana, que había dado los permisos. Ellos compraron, por tanto, unas viviendas con licencia de obra y cédula de habitabilidad, lo que les permitió contratar la luz y el agua.
Los propietarios alegan que son damnificados de una situación que se ha prolongado 12 años y que hace un mes entró en su recta final. De hecho, la zona está vallada, pese a que el terreno tiene sus propietarios, la familia Orts, la gran damnificada según opinan muchos tabarquinos, que no están de acuerdo con la demolición pero prefieren guardar el anonimato.
La entonces Conselleria de Infraestructuras había aplazado en octubre de 2014 la demolición de los seis bungalows que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró ilegales en 2003, tras una denuncia del Ministerio de Medio ambiente por la vulneración de la Ley de Costas, algo que consistieron tanto el Ayuntamiento de Alicante, que dio las licencias y la cédula de habitabilidad posterior, como la propia Generalitat, que validó todos los pasos municipales. Doce años después y pese a que el 15 de enero de 2013 los inquilinos debían haber dejado sus viviendas, hasta hace un mes todo se seguía igual, se habían producido actos de vandalismo como el robo de cables, marcos de ventanas y contadores de la luz y el incendio de unas de las casas, pero también algunas estuvieron operativas hasta el verano pasado.
La sentencia que obliga a demoler estas casas es consecuencia del recurso interpuesto por el entonces Ministerio de Medio Ambiente contra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, del 17 de junio de 1999, autorizando la contrucción de los seis adosados pese a afectar a la servidumbre de paso en suelo público. El Tribunal Superior de Justicia declaró las casas ilegales en 2003, y el Tribunal Supremo lo ratificó en 2009. La sentencia del Supremo rechazó en su día recursos presentados varios propietarios contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia en abril de 2003 que anuló la autorización concedida por la Generalitat y declaró ilegales los seis bungalows.
