Cerca de 25.000 familias en la provincia de Alicante dependen de las ayudas en forma de alimentos procedentes de la Unión Europea y que en la provincia se distribuyen a través del Banco de Alimentos y Cruz Roja. Una ayuda que podría estar en peligro para 20.000 de estas familias si la administración no pone medios para cumplir con los nuevos requisitos que se exigen desde la Unión Europea para entregar los alimentos. Exigencias que pasan porque estas familias presenten un informe hecho por un trabajador social y que acredite su situación de necesidad. El problema viene de la falta de medios para cumplir con este requisito.
«No nos han dado ni los medios económicos ni el personal necesario para que elabore estos informes», señala Juan Vicente Peral, gerente del Banco de Alimentos de Alicante. Esta institución, igual que Cruz Roja, distribuye los alimentos a través de asociaciones que las hacen llegar finalmente a las familias necesitadas. «Las asociaciones no tienen capacidad económica para pagar a nadie y mucho menos las familias pueden costearse un informe privado», apunta Peral. Actualmente un 20% de los receptores de los alimentos vienen ya derivados de los servicios sociales municipales y por tanto disponen del requerido informe. «Sin embargo, hay una inmensa mayoría de personas que no lo tienen». Cuando Bruselas anunció esta medida a principios de año, dio de plazo hasta junio para poder cumplirla. Sin embargo «y viendo que era imposible llegar, han flexibilizado los plazos». No obstante, para la entrega de alimentos que se hace en el mes de octubre estos informes tienen que estar ya listos, «sino, las familias no podrán recibir los alimentos, ya que es una exigencia que debemos cumplir por imposición de Bruselas y del Gobierno español. Nosotros nos limitamos a distribuir estos alimentos», lamenta Peral.
Desde Cruz Roja también mostraron ayer su inquietud por cómo van a poder cumplir con los nuevos requisitos de la Unión Europea, aunque confían en que los contactos que se están manteniendo con la administración lleguen a buen puerto. De hecho, la semana que viene se les ha citado a una reunión en Valencia para abordar el tema con miembros de la Conselleria de Bienestar Social. Los contactos previos mantenidos con los ayuntamientos de poco han servido, «ya que los trabajadores sociales municipales van saturados con su trabajo», afirma Peral.
El responsable del Banco de Alimentos de Alicante calcula que sólo en la provincia serán necesarios 30 trabajadores sociales a lo largo de 6 meses para poder tener preparados los 20.000 informes. El coste de contratar a este personal superaría los 240.000 euros. «Para las entidades benéficas es inasumible, pero tampoco es una cuantía tan elevada para las administraciones, por lo que no entiendo por qué no se ha destinado una partida presupuestaria».
Pese a las críticas por cómo se está gestionando esta nueva exigencia, desde ambas entidades aplauden el trasfondo de la misma, ya que permitirá llevar un mayor control sobre el destino de los alimentos que se reparten a las familias pobres y evitar fraudes.
Este año la ayuda de la UE llegará, como en años anteriores, en tres tandas. La primera correspondiente a 2015 será en junio, la segunda en octubre y habrá una tercera ya en el mes de enero de 2016. El número de usuarios no afectará al total de kilos que se reciban tanto en Cruz Roja como en el Banco de Alimentos. «Si hay menos beneficiarios se repartirá la misma comida, por lo que las familias recibirán más alimentos».
