Dos millones y medio de euros más el coste de los abogados. Es el precio que los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó están dispuestos a pagar para que la Fundación CAM retire los cargos que, como acusación particular, les imputa por los negocios en los que la caja se embarcó con ellos en el Caribe a través de la mercantil Valfensal. Una sociedad participada en un 30% por la caja a través de su filial TIP (Tenedora de Inversiones y Participaciones) y en el 70% restante por el grupo hotelero benidormí con la que los dos empresarios, junto al entonces director general de la CAM, Roberto López Abad, y su hombre de confianza en cuestiones inmobiliarias, Daniel Gil, se lanzaron a la aventura americana que tantos sinsabores, tan pocas alegrías y menos beneficios le reportó a la caja.
A los cuatro socios se les imputan cargos de apropiación indebida, administración desleal y delito fiscal en una causa que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, quien hace ahora un año les envió a la cárcel de la que salieron a los pocos días tras pagar las fianzas que les impuso: 400.000 euros en el caso de Gil, millón y medio en el de López Abad y los siete por cabeza que tuvieron que abonar Ferri y Baldó, aunque posteriormente la Audiencia los rebajó a 1,5 millones cada uno.
Sin el apoyo de la Fiscalía
Después de aquella experiencia, con los movimientos limitados por la retirada del pasaporte teniendo el grueso de sus negocios en el Caribe y con la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado, los empresarios dieron órdenes a sus abogados para llegar a un acuerdo con la Fundación CAM y poder librarse así de la losa que supone una beligerante acusación particular, que fue la que inició este proceso penal.
La oferta llega en un momento oportuno para la entidad puesto que le permitiría cobrar por anticipado parte del total que ahora se reclama sin renunciar al remanente del resto de los imputados. Todo ello en el marco de un proceso en el que no existe garantía alguna de indemnización habida cuenta de la postura de la Fiscalía Anticorrupción en casos anteriores, en los que ha considerado que deber ser el Sabadell, y no la Fundación, quien sea resarcido.
De hecho, la primera causa por la gestión de la CAM cuya instrucción ya se ha cerrado (en la que el próximo enero serán juzgados López Abad y el presidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés), la acusación particular se quedó sola reclamando una indemnización para la Fundación tras considerar el fiscal que es el Sabadell, quien detenta el negocio bancario de la caja, el verdadero damnificado y quien, en todo caso, ha de ser compensado por el daño causado. La misma postura que el Ministerio Público ha mantenido en la causa de Valfensal y que, según precisaron fuentes cercanas a la Fiscalía, seguirá sosteniendo. Por ello, en caso de rechazar la oferta, la Fundación corre el riesgo de no cobrar nada al final de un largo y costoso proceso, cuando, en caso contrario, se haría anticipadamente con parte del total.
Pendiente de los patronos
En este contexto, los patronos de la Fundación deberán pronunciarse sobre la oferta que los abogados de los empresarios presentaron hace unos meses. Ya en su última reunión, celebrada la pasada semana, se expuso someramente la cuestión sin someterla, no obstante, a votación. Algo que no podrán demorar mucha teniendo en cuenta el avanzado estado de la instrucción de este procedimiento después de dos años de intensa labor judicial.
La oferta que plantean Ferri y Baldó se traduce en el pago a la Fundación de 2,5 millones más las costas del procedimiento (lo que viene a suponer la mitad de su presupuesto anual, cifrado en unos seis millones) a cambio de que se retire la acusación particular (que seguiría contra el resto de imputados, incluidos López Abad y Daniel Gil) y renuncie a todas las acciones penales y civiles contra ellos que se vienen ejercitando en el marco del proceso penal que instruye Gómez Bermúdez.
Como contrapartida al desembolso económico, y como es habitual en este tipo de transacciones, la firma de este acuerdo no supondría el reconocimiento por parte de Ferri y Baldó de ninguno de los hechos que se les atribuían en la querella que dio origen a este procedimiento. En el mismo se investiga si los exdirectivos de la CAM en connivencia con sus socios de Benidorm desviaron fondos de la caja de ahorros en beneficio propio a través de operaciones de dudosa rentabilidad, al menos para la entidad, que se presentaban como inversiones.
