Según un detallado informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios Juan Ferri y José Baldó desviaron en su beneficio fondos de los que una buena parte correspondían a la CAM por los negocios hoteleros que compartían en el Caribe. El informe concluye que los empresarios «habrían estado desviando una buena parte de los beneficios obtenidos por la explotación hotelera, beneficios de los que la entidad CAM nunca percibió la parte que le correspondía como propietaria de 30% de la sociedad matriz», en la que estaba a través de su filial TIP, y de la que el grupo empresarial de Ferri y Baldó poseía en 70% restante. Los investigadores atribuyen que los gestores de TIP «no detectasen ese importante desvío de fondos (...) no sólo a la absoluta falta de control de las cuentas del grupo Valfensal sino también a que en 2007 los directivos Roberto López y Daniel Gil, con el fin de evitar que la sociedad auditora KPMG incluyese una salvedad en la auditoría de TIP, permitieron que los empresarios Ferri y Baldó realizasen una auditoría limitada de la cuentas de la sociedad Jacksonport (una mercantil radicada en Curaçao, primero paraíso fiscal y después de baja fiscalidad, donde se desviaban los beneficios además de simular que era la base de operaciones del grupo, que los investigadores sitúan en España), hecho éste que se prolongó hasta nuestros días y que pudo permitir el encubrir una buena parte de la información contable de esta sociedad». Las cantidades globales que se manejan en la causa vienen detallas en el informe donde se señala que «ambos empresarios presuntamente habrían detraído una importante suma económica de la sociedad Jacksonport que podría llegar a ascender a los 8 millones de dólares, cantidad a la que habría que añadir los aproximadamente cuatro millones de dólares que facturaron a través de la sociedad instrumental Seabrezze en concepto de gestión hotelera».
