El Ministerio de Agricultura agotó el domingo pasado el mes de gracia que pactó con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó para tratar de buscar una solución al bloqueo que sufre el envío de agua desde Valencia, tras las dudas trasladadas por la Confederación del Júcar sobre la falta de caudales, tanto en el embalse de Alarcón como en el Azud de la Marquesa, y cumplir así con lo que se acordó en su día, el trasvase de 80 hm3 a la provincia para beber y regar. El secretario de Estado de Agricultura, Federico Ramos, ha convocado a los regantes a una reunión en Madrid el próximo martes, 4 de noviembre, a la que acudirá Luisa Pastor, presidenta de la Diputación, para comunicar la «sentencia final».
En Alicante todo son dudas, máxime cuando ahora se ha sabido que el propio texto del plan de cuenca del Júcar no deja claro, blanco sobre negro, ni el envío de 12 hm3 para abastecimiento desde el embalse de Alarcón. Una transferencia clave para que el trasvase fuera viable económicamente, ya que ahora mismo no se puede pagar ni el de la Marquesa. Y al fondo una derivada importante. Si el Gobierno no demuestra antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea que desde el Júcar llegará agua a la provincia para beber y regar tendrá que devolver los 120 millones de euros que le prestó Bruselas para pagar una obra en la que se han invertido 400 millones.
Nueve años después del cambio del proyecto, incorporando el polémico trazado desde el Azud de la Marquesa, y trece desde que se pusiera la primera piedra de un trasvase que ha costado 400 millones y sólo ha transferido 8 hm3 del río Júcar a Alicante desde que comenzara el envío de agua, el Ministerio de Agricultura está a punto de dar el golpe de gracia a la infraestructura si no hay reacción el próximo día 4. El domingo acabó el plazo de siete meses que había fijado con los regantes para tomar una decisión sobre la recuperación de la toma original de Cortes de Pallás. De momento no hay respuesta oficial y la Confederación Hidrográfica del Júcar ha terminado por enturbiar más el ambiente al no comunicar a los regantes y la propia presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, que el Júcar no tiene ahora excedentes, por lo que el Gobierno no podría garantizar ni la solución del Consell (el envío 12 hm3 de agua potable del embalse de Alarcón para compensar el bloqueo de Cortes).
La Confederación se ha plegado a la oposición de los regantes de Valencia y sostiene ahora, paradójicamente bajo un gobierno otrora trasvasista como el PP, que el Júcar no tiene agua, al más puro estilo de las tesis del colectivo que defendió la Nueva Cultura del Agua. Cuatrocientos millones de euros de dinero público tirados a la basura entre el PP y el PSOE y a partir ahora el proyecto bajo la lupa de la CE, que prestó 120 millones para las obras pero con unas condiciones que no se han cumplido. Bruselas se decidió a apoyar el proyecto para solucionar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó, donde el agua se extra a 500 metros de profundidad, cuando el nivel estaba a principios del siglo XX casi en la superficie.
