La Conselleria de Turismo y la Agencia Tributaria han decidido unir esfuerzos para tratar de erradicar la oferta ilegal de alojamiento turístico en la Costa Blanca y desde este mes inspectores de la Agencia Valenciana de Turismo y la Policía Autonómica trabajan conjuntamente en el seguimiento fiscal de las infracciones que se detectan en este subsector que mueve ya al año unos mil millones de euros de dinero opaco a Hacienda.
Una actividad directamente relacionada con la economía sumergida en la que, según estimaciones del sector, pueden estar inmersos unos 125.000 propietarios de viviendas que se ofrecen de alquiler en algún momento del año, sobre todo en verano, sin contrato. Unas 500.000 plazas que, además, se publicitan en portales online y redes sociales sin ningún tipo de control, según denuncia la patronal turística. Turismo asegura que anualmente se realizan unas 200 inspecciones, pero la gran novedad de esta nueva campaña es que se ha creado un equipo para rastrear las ofertas de portales como Atrapalo, Booking, Destinia, En Alquiler, Escapade, Folies Vacances, Hoteles.net y OnlyApartaments, y detectar si existe algún «intruso» que haya podido colarse a través de internet. En lo que va de año se han abierto 11 expedientes sancionadores, según Turismo.
La Conselleria de Turismo tiene controlados 22.513 apartamentos que ofrecen 102.749 plazas regladas, pero la realidad multiplica por cinco las cifrasmultiplica por cinco. El 73% de los turistas que eligen apartamentos turísticos en la Costa Blanca para pasar sus vacaciones lo hacen ya en viviendas alegales (63 millones de pernoctaciones al año), lo que genera un movimiento de mil millones de euros que escapa al control de Hacienda. El penúltimo precedente del impacto negativo de esta oferta de alojamiento en la Costa Blanca se produjo el pasado mes de junio, cuando la ocupación de los apartamentos cayó siete puntos respecto a junio de 2013, según el balance de la patronal Hosbec.
Además de concentrar casi 35.000 plazas hoteleras en Benidorm, Hosbec también dispone de algo más de 8.000 plazas de apartamentos turísticos en esa ciudad y más de 11.000 en el conjunto de la Costa Blanca. Para el presidente de esta patronal, Antonio Mayor, «estos datos constatan que la oferta ilegal no sólo hace daño a la industria hotelera, sino que también su impacto en el sector de los apartamentos reglados es más que evidente. La economía sumergida está devorando la actividad rentable, la actividad que genera ingresos y empleo». La propia patronal nacional, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, (Cehat), acaba de hacer público un manifiesto para denunciar su «profunda preocupación por el incremento de la economía sumergida y la actividad económica ilegal en el sector del turismo en España».
Los empresarios reclaman a Fabra que reaccione -el problema de la oferta ilegal ha ido heredándose por los diferentes gobiernos autonómicos desde principios de los años 90 del siglo XX- y tome nota de lo que comenzado a hacerse en Cataluña y Madrid. Fruto de la actividad inspectora que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña de la comercialización online de viviendas y apartamentos turísticos, en lo que va de año se han rastreado unas 2.000 webs que han derivado en la apertura de 55 expedientes sancionadores. Ocho de estos expedientes han finalizado en resoluciones sancionadoras, con sanciones de 30.000 euros. La infracción principal es comercializar habitaciones individuales en domicilios particulares, una oferta ilegal al margen de la normativa que no puede garantizar al usuario la calidad del servicio.
«El alquiler de vivienda privada siempre ha existido, pero el desarrollo de Internet está permitiendo que miles de casas se ofrezcan a los consumidores sin los controles pertinentes», asegura el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas. El sector reglado asegura que no pretende impedir el alquiler de viviendas, sino que compitan en un mercado turístico con las mismas reglas de juego con las que compiten los otros actores del sector. En la actualidad en España hay un total de 1,4 millones de plazas regladas frente a las más de 2 millones anunciadas en los portales de Internet.
