Avisado estaba. El magistrado Juan Carlos Cerón, instructor de la denuncia presentada por Esquerra Unida por supuestas irregularidades en la tramitación del plan Rabasa y quien esta misma semana se ha visto obligado a pedir a las partes que devuelvan la documentación (intervenciones telefónicas incluidas) que les había entregado por contener material ajeno a la investigación, fue alertado hace meses desde que esto podía ocurrir.
En un escrito fechado el 24 de enero de este año, la defensa del constructor Enrique Ortiz, denunciado en ese proceso junto a, entre otros, la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, llamaba la atención al magistrado sobre el hecho de que el material facilitado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía apenas un mes antes no se centraba sólo en la investigación del plan Rabasa.
Además de citar ejemplos de datos que formaban parte de esa documentación y que nada tenían que ver con la investigación del macroplan (la construcción de un aparcamiento público en Murcia, el tranvía de esa ciudad y, por supuesto, el PGOU de Alicante, entre otros) el abogado Francisco Ruiz Marco alertaba de que los informes remitidos por la Policía al juzgado abarcaban la totalidad de las supuestas irregularidades que se fueron escuchando entre junio de 2008 y septiembre de 2009. Así lo hizo constar en el escrito que de nada ha servido a tenor de la entrega que de todo el material se ha ido haciendo a las partes desde el 12 de junio, y que fue requerido por el juez para su devolución al juzgado el pasado día 30.
45.621 audios y 2.580 sms
En este escenario, Ruiz Marco ha aprovechado el escrito en el que notificaba la devolución de la documentación que él también retiró para recordar su advertencia, aunque ello no haya evitado que varias de estas intervenciones hayan sido ya difundidas. El letrado le pone números al material facilitado: 45.621 archivos de audio y 2.580 mensajes de texto de «conversaciones telefónicas sólo aptas para una investigación judicial y sobre las que no existe un pronunciamiento judicial de fondo que avale la constitucionalidad de su obtención», según el escrito que ya ha sido proveído por el juez.
No sin cierta ironía, el representante legal de Ortiz señala que se recogen hechos tan relacionados con el plan Rabasa como la opinión que a Díaz Alperi le merecía la ayuda que el empresario había dado para un centro sanitario en el Sáhara.
Por contraposición, el letrado reflexiona sobre lo que hubiera ocurrido si en vez de tratarse de este caso hubiera afectado a la hermana del Rey, como ocurrió con la filtración de parte de su declaración y que motivó que el juez instructor abriera una investigación de inmediato.
Oposición a la entrega
El escrito de Ruiz Marco no es el único recibido en el juzgado de Cerón, donde también se ha registrado otro de la Fiscalía en el que recurre ahora la providencia en la que el magistrado comunicaba a la partes que podían pasar a recoger el material. El Ministerio Público se muestra contrario a la entrega de esta documentación que, siguiendo el criterio que se ha mantenido en situaciones similares (ya ocurrió en el caso el PGOU en el TSJ), mantiene que la escucha de las grabaciones tiene que hacerse en sede judicial y bajo la supervisión del juez para comprobar que no hay nada que no afecte a la causa.
El recurso de la Fiscalía choca con una solicitud realizada por este departamento al juzgado en julio de 2013 en la que, entre otro material, se pide una copia de los DVD del teléfono utilizado por Ortiz «desde la primera a la última intervención».
