El primer teniente de alcalde de Alicante y concejal de Fiestas y Atención Urbana, Andrés Llorens, dijo ayer que no dimitirá «ni cuando se abra el juicio oral» por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la plaza Magallanes, en el barrio de La Florida, por las que la Fiscalía de Alicante acusa al edil de los delitos de falsedad documental y prevaricación y pide para él tres años de prisión y nueve de inhabilitación.

«No voy a dimitir. Entro de lleno en el juego para demostrar, una vez más, mi inocencia», afirmó Llorens, que añadió que la alcaldesa no se lo ha pedido, «al contrario, me ha dicho que esté tranquilo y que siga trabajando como hasta ahora», y que tampoco el partido se ha dirigido a él en absoluto en ese sentido pese a las líneas rojas contra la corrupción que marcó Fabra.

El vicealcalde, acusado por un proyecto del área de Atención Urbana, anunció además que pedirá el amparo de la Fiscalía General del Estado, ante la que presentará una queja, para denunciar «la situación de incumplimiento (por parte del ministerio fiscal de Alicante) de sus directrices y demostrar que los juicios políticos y paralelos, rechazados por las más altas instancias judiciales, son el pan de cada día en esta ciudad».

Llorens se refiere a que aún no ha recibido el escrito de acusación con las calificaciones del fiscal y que las ha conocido a través de los medios de comunicación, por lo que siente «profunda indignación» y se considera víctima de un «linchamiento moral». Además, dijo que esta actuación incumple «todas y cada una de las instrucciones del fiscal general, el Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea para provocar el juicio mediático y convertirme en culpable sin que la persona que constitucionalmente puede hacerlo se haya pronunciado al respecto». En este sentido, hizo referencia a una instrucción concreta dada por la Fiscalía General del Estado sobre las buenas prácticas de la justicia y del procedimiento jurídico.

En su comparecencia de ayer reconoció que en la tramitación de las obras de la plaza Magallanes pudo haber precipitación o error administrativo, pero tachó de barbaridad que se le acuse de prevaricación y falsedad documental, «como en su día se lo pareció a la autoridad judicial». Llorens se refirió a que esta causa ya fue en su día archivada por un juzgado pero un recurso del PSOE, que fue quien denunció inicialmente que el edil adjudicó las obras una vez ejecutadas, llevó a la Audiencia Provincial a ordenar su reapertura.

El concejal acusó al fiscal del caso de dilatar el proceso e instó a que abra el juicio oral «cuanto antes» para acabar con el juicio mediático que, aseguró, lleva sufriendo desde hace más de cuatro años. Asimismo, insistió en que en el llamado caso Magallanes no se benefició a nadie más que a los vecinos y a la ciudad. «Mantener las obras sin acabar suponía un peligro para los ciudadanos, y los vecinos presionaron para que acabaran cuanto antes. No se presentó al concurso ni una sola empresa salvo la que había ejecutado la obra anterior, luego nadie vio lesionados sus intereses».

Además, mostró su indignación por la pena de cárcel que pide el fiscal. «Es increíble en este país que a personas acusadas de blanqueo de capitales se les pida dos años de prisión y a mí, por un error administrativo, se me quiera privar de libertad tres años».