El alcalde en funciones, Andrés Llorens, rechazó ayer dar marcha atrás en la política informativa que el equipo de gobierno local viene aplicando con la oposición, con la denegación sistemática de documentación y las dificultades de acceso al registro de documentos que la alcaldesa, Sonia Castedo, concretó en un circular en la que, además, prohibía a los propios concejales que dieran publicidad a los datos. El PSOE llevó ese cerrojazo informativo ante el juzgado. En concreto, la denegación de documentación y, por el momento, ha obtenido el respaldo de la Fiscalía, que considera que la negativa a darles información quebranta el artículo 23 de la constitución y es un obstáculo para el ejercicio de los grupos de la oposición.
Pese a ello, Llorens esgrime que desde el PP «no se dará marcha atrás porque no tenemos ninguna actitud obstrucionista». El vicealcalde replica a los socialistas que desde el equipo de gobierno local «siempre hemos colaborado y nuestro ánimo es facilitar toda la documentación y así lo hacemos, aunque puede que en algún caso se haya retrasado». Llorens añade que «las puertas de las concejalías están abiertas, pero la oposición no se prodiga mucho por allí, por no decir nada».
Desde el PSOE, el portavoz Miguel Ull, recuerda que de las cien peticiones de información que realizaron en 2013, sólo se les respondió a un 40% de ellas y, en muchos de los casos, para denegarles lo que pedían. «Si no tienen intención de cambiar la fórmula de trabajo, ya lo harán cuando se lo ordene un juez», sostiene Ull, quien recuerda que su grupo formalizó esta misma semana la demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Ull ve «tercermundista» que «tengamos que bajar al registro y copiar a mano toda la información que nos interesa» y que se da una situación «absurda» porque, incluso, se niegan a imprimirlo.
