La Fiscalía considera que la denegación de información por parte del equipo de gobierno local de Alicante a los grupos de la oposición -el PSOE lo ha recurrido ante un juzgado- supone «un obstáculo para el ejercicio de control de los órganos locales» y de su «potestad representativa», por lo que entiende que supone un «quebranto de los principios de representación democrática salvaguardados en el artículo 23 de la Constitución Española».
Así se recoge en el escrito que el Ministerio Público ha remitido al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, que sigue adelante con la tramitación del recurso presentado por el PSOE. Como ya informó este diario, los socialistas presentaron un recurso contencioso administrativo en contra del cerrojazo informativo impuesto por el equipo de gobierno local, sobre todo después de que a primeros de febrero se restringiera el acceso al registro de entrada y salida de documentos y comenzasen a denegarles toda la información que solicitaban. En concreto, el recurso se basó en la denegación de documentación por parte de Urbanismo referente a información remitida al Tribunal Superior de Justicia y sobre el proyecto de Ikea. Tras recibir el escrito del fiscal, el juzgado ha instado a los socialistas a formalizar la demanda en sí, algo que los socialistas realizaron ayer mismo.
Así lo aseguró el portavoz de los socialistas, Miguel Ull, quien destaca que en el texto se hace constar que «a lo largo de 2013 realizamos cien peticiones de información y el PP sólo respondió a 40, lo que supone dejar un 60% sin respuesta». Algo que, en opinión de Ull, «pone en evidencia la falta de transparencia informativa del equipo de gobierno y el fragrante incumplimiento del derecho fundamental a la participación política de todos los miembros de la corporación».
Ull recuerda que «a lo largo de estas últimas semanas se nos ha estado bloqueando el acceso a todos los documentos que hemos solicitado con la excusa de que las peticiones eran genéricas o que faltaba motivación». Los socialistas consideran que esa motivación sí está justificada dentro de su función de oposición para el control de los órganos de gobierno municipal. «Ahora tendrá que ser Castedo la que se justifique, pero en este caso ante los tribunales», incide el portavoz socialista, quien aclara que, siguiendo el procedimiento judicial habitual, el equipo de gobierno local tendrá ahora que responder a la demanda.
Al igual que la Fiscalía, los socialistas consideran que esta denegación de información atenta contra los derechos de representación democrática que les atribuye el artículo 23 de la Constitución. Por ello, lo que reclaman es que «se anule el escrito de la alcaldesa que restringía el acceso a la información a los grupos de la oposición».
Para Ull, Castedo ha implantado una «ley mordaza» y un «apagón informativo propio de otros regímenes que nos hace pensar que no quiere que salgan a la luz determinadas cuestiones ahora que su futuro político está en el aire por sus problemas judiciales».
