El juez decano de Alicante e instructor de la causa abierta por las presuntas irregularidades en la tramitación del plan Rabasa, Juan Carlos Cerón, sigue considerando que estos hechos deben ser investigados junto a los del PGOU, que volverán a su colega Manrique Tejada una vez que la alcaldesa de Alicante, imputada en esta causa, deje de estar aforada. Cerón, al que ayer se vio conversando con Tejada en las proximidades del Palacio de Justicia de Benalúa, no tiene duda de la conexión entre los dos procedimientos por lo que, en el momento en que su compañero asuma de nuevo la causa del plan general, planteará que haga lo propio con la del plan Rabasa. Un asunto cuya instrucción está aún en mantillas ya que desde que EU presentó la denuncia (dirigida casi contra las mismas personas que están imputadas en el proceso del PGOU), se estaba a la espera de que el juzgado de Orihuela en el que arrancó el caso Brugal, matriz de todas estas piezas, enviará todo la documentación que tiene sobre el plan Rabasa, lo que ha hecho hace unos días.

La Audiencia de Alicante ya falló en su día que es el juzgado de Cerón quien debía asumir la investigación del plan Rabasa, tras un conflicto de competencias que se prolongó durante más de seis meses. Las supuestas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico fueron una de las primeras piezas separadas que se desgajaron del sumario del llamado caso Brugal en abril del año 2008, en unas diligencias que el juzgado de Cerón cerró en un mes por no ver indicios de delito. Sin embargo, a medida que ahondaba en las investigaciones de Brugal, la Policía detectó nuevas irregularidades en la tramitación de Rabasa. En octubre de 2012, Esquerra Unida reclamó al juez que reabriera la investigación cerrada en su día, tras esos nuevos datos. Cerón rechazó la petición porque entendía que el caso debería ser asumido por el mismo juzgado que había estado instruyendo las supuestas irregularidades en el Plan General de Alicante, el de Tejada.

La Audiencia aseguró que «los hechos nuevos que se denuncian en la querella de Esquerra Unida abundan en presuntas irregularidades en el trámite que pudieran tener trascendencia penal (tráfico de influencias, cohecho, prevaricación...) por lo que deben dar lugar a la reapertura de las diligencias iniciadas en su día para su investigación». En ese contexto, mantenía que el juez competente era quien recibió en su día la primera denuncia sobre el plan Rabasa.