La provincia de Alicante está a la cabeza en economía sumergida. Actualmente, se estima que un 17% de la población que está empleada trabaja en negro, lo que supone que más de 109.000 personas no cotizan a la Seguridad Social y dejan de contribuir, por tanto, a las arcas públicas.
Esta dato revela que Alicante es la zona con mayor porcentaje de economía irregular de toda la Comunidad Valenciana. En la autonomía se calcula que 280.000 personas trabajan sin contrato, es decir, el 12% del total de personas en edad de trabajar.
En el conjunto del Estado español, según la valoración que realizan los sindicatos de trabajadores al comparar los datos de las personas que demandan un empleo en el Servei Valencià d´Ocupació y Formació (Servef) con los de la Encuesta de Población Activa (EPA), solo entre el 3% y el 5% de los ocupados no estaría bajo ningún régimen de cotización.
Actualmente, según la última Encuesta de Población Activa que hizo pública el Instituto Nacional de Estadística en la provincia de Alicante hay 266.700 personas que reconocen no tener ningún empleo, frente a las 634.000 que sí que lo tienen. Así, según la EPA, en la provincia el tasa de paro es del 29,61%.
Por otro lado, destaca que en el Servef solo hay registrados 225.082 ciudadanos como demandantes de empleo, es decir, 41.000 personas menos que las que dicen estar sin trabajo en la Encuesta de Población Activa.
Panorama
Esta situación apunta hacia la provincia de Alicante como una de las zonas españolas donde más abunda la economía sumergida.
Concretamente, desde Comisiones Obreras destacaron que «en el País Valenciano, y especialmente en la provincia de Alicante, siempre se ha utilizado esta forma ilegal de trabajo, muy ligada a nuestro modelo productivo, que nunca ha sido resuelta por las diferentes administraciones».
El secretario general de CC OO Vinalopó-Vega Baja, Martín Carpena, destacó que «una ocupación irregular es una ocupación sin derechos».
Por su parte, el secretario general de UGT Baix Vinalopó-Vega Baja, Ismael Senent, aseveró que «no se puede permitir la economía sumergida, por lo que hay que perseguirla».
Senent fue más allá y propuso que «se adopten medidas fiscales que paralicen esta situación, y que todos los ingresos que se generen con estas medidas se destinen al fomento del empleo».
«Hacen falta políticas de empleo y que se dé una salida a la gente joven, porque tenemos el mayor porcentaje de gente preparada y no lo estamos aprovechando», aseveró Ismael Senent.
No obstante, desde CC OO apuntaron a que «la diferencia entre parados EPA y paro registrado no tienen que ver siempre con el empleo irregular». En este sentido, desde UGT apuntaron a que no todas las personas que aparecen como sin empleo en la EPA y no figuran en el Servef como demandantes de empleo ejercen en la economía sumergida.
Concretamente, además de personas que trabajan de espaldas a la ley, en las listas del Servef no figuran personas que al no tener derecho a ningún subsidio dejan de renovar su solicitud de empleo. Tampoco figuran ciudadanos que hartos de buscar un puesto de trabajo sin éxito, acaban perdiendo la ilusión y dejan de fichar.
Otro grupo de personas que no figura como demandantes de empleo son las que permanecen en sus casas, sobretodo mujeres, atendiendo a la familia, así como aquellos que tienen a su cargo a dependientes y que requieren de sus cuidados durante prácticamente las 24 horas del día por lo que no pueden plantearse acceder a otra ocupación.
