La zona sur de la provincia es desde hace dos años un hervidero de empresas creadas en internet pero que no existen en la realidad y que se dedican a un fraude a gran escala que consiste en cobrar a personas que no tienen trabajo, expedir a su nombre contratos y nóminas falsas por una serie de meses para después despedirles también falsamente y que así puedan cobrar el paro, tramitar una ayuda familiar o incluso prestaciones por maternidad. Este fraude ya puede calificarse de masivo, porque la Inspección de Trabajo en Alicante ha desmantelado treinta empresas ficticias de este tipo y está investigando a otras veinte, tan solo en lo que va de año. Esas actuaciones, que se juzgarán por la vía penal, han permitido detener incluso a asesores laborales en Orihuela y anular 1.300 altas laborales falsas.

La inmensa mayoría de estas empresas se están creando en el sur de la provincia. El fraude en cuestión ha ido extendiéndose por todo el país hasta desmantelarse el año pasado 40.000 trabajos falsos ni más ni menos. La provincia de Alicante es la tercera en volumen de casos, por detrás de Barcelona y Almería, por la presión que la Inspección está ejerciendo sobre estas prácticas en colaboración con la Tesorería y el Servicio Público de Empleo Estatal y por lo extendidas que están. El año pasado se tramitaron 57 expedientes de este tipo, y este año está previsto al menos doblar la cifra.

El negocio es redondo para los que lo ponen en marcha, pues no tienen sede física ni existen en la realidad, además de dejar bien atado que el administrador de la empresa sea alguien insolvente. Se ha llegado a dar el caso en la provincia de tirar del hilo de una de estas organizaciones hasta dar con una persona sin hogar que pedía limosna a la que habían «robado» la identidad y habían colocado de responsable de la empresa.

También existe el «ficticiero parcial», una empresa real que da contrato y nóminas a más personas de las que realmente tiene, aunque no les paga, para que después tramite prestaciones o subsidios. Hace años podía ocurrir con algún familiar, aunque ahora es algo que cada vez es más frecuente.

Nunca cotizan, solo «sangran» al sistema, por lo que la prioridad es detectarlo cuanto antes para evitar que lleguen a cobrar prestaciones sociales que paga el Estado. Lo siguiente es anular ese periodo de alta para que no contabilice de cara, por ejemplo, a la jubilación. «No tiene justificación alguna porque no es que no estén dados de alta, es que no han trabajo y cobran prestaciones».