El Juzgado número 1 de Ibi archiva la causa contra cinco de los implicados en el caso «Ave», entre los que se encuentra la exedil del PP Rosa Ibáñez y cuatro empresarios. Por su parte, la instrucción mantiene la acusación contra el exconcejal del PP Miguel Ángel Agüera y otras catorce personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y la duplicación de facturas.

Tras ocho años de instrucción, el caso «Ave» entra en su recta final. De las veinte personas implicadas en el proceso judicial, el Juzgado número 1 de Ibi ha archivado la causa contra cinco de ellos, entre los que figuran la exedil del PP Rosa Ibáñez, los empresarios César Morenate Fresneda, Joaquín Ridaura Morenate y Juan Antonio Morenate Cañadas, de Construcciones Morenate y Ridaura, y Andrés Martínez Parra, socio de Neolux. Según fuentes cercanas al caso estos cinco imputados estaban acusados de delitos de cohecho, relacionados principalmente por su vinculación con Miguel Ángel Agüera.

Ibáñez, primera teniente de alcalde en el gobierno de Mayte Parra y responsable de Servicios Públicos, Educación, Deportes, Patrimonio, Contratación y Protocolo declaró en 2015 haber firmado facturas bajo la presión de la entonces alcaldesa y el concejal Agüera. Insistió en que ambos la engañaron y que le «metieron un gol» cuando le hicieron firmar a los tres días de ostentar el cargo un reconocimiento extrajudicial de crédito de más de 40.000 euros, alegando que el Ayuntamiento se paralizaría en caso contrario. Todos estos movimientos y presiones hicieron que dimitiera de su cargo en 2012 e incluso le costara una enfermedad que arrastró durante varios meses. Ahora el juzgado ha dado la razón a la exedil Ibáñez que de esta forma sale ilesa del caso.

Según fuentes de la acusación, el juzgado mantiene la imputación contra otros quince acusados entre los que se encuentran los cuatro expolíticos Miguel Ángel Agüera, principal objetivo del caso, Ana Sarabia, Antonio Granero y José Valdés. También siguen imputados los dos funcionarios del consistorio, Ramón Pascual y Antonio José Jiménez Gea y los empresarios Vicente Miguel Such (Intersa Levante SL); Juan Molina y Jaime Sánchez (Iluminación Elecfés SL); Tomás Morenate, Miguel Ángel Morenate y David Morenate (Alu-Cris); Emilio Javier Martínez y Adrián Martínez (Electricidad Neolux SL); e Ignacio Estevan Dols (Intersa).

Con todo, el próximo mes de octubre tendrá lugar la comparecencia que fijará la acusación contra los investigados.

Susana Hidalgo, portavoz del PSOE, partido que llevo el caso a los tribunales, indicaba que «aunque se ha avanzado en el caso y estamos contentos por ello, creemos que no se han puesto todos los medios para acceder a la información de la causa y que hay muchas cosas que se han quedado por el camino. Así y todo los culpables finalmente pagarán».