El Ayuntamiento de Alcoy esperará a contar con un censo fiable de perros en la ciudad antes de recoger muestras de ADN. De entrada se va a mantener la campaña de controles que se está llevando a cabo en estos momentos para detectar a los animales que no están dados de alta, se calcula que un 40%. De esta forma se evitará que «paguen justos por pecadores», tal y como había deunciado la plataforma ciudadana que se opone a la medida.
Tal y como se ha venido informando, la nueva ordenanza de tenencia de animales de Alcoy ha levantado una importante polémica, toda vez que obliga a los propietarios de perros a realizarles una prueba de ADN, en una iniciativa que desde el Ayuntamiento se entiende efectiva para evitar los excrementos en la vía pública.
La medida era objeto de debate plenario el mes pasado, cuando el gobierno municipal socialista y Ciudadanos rechazaban una moción presentada por una plataforma ciudadana, que reclamaba la retirada de la prueba argumentando, aparte del gasto que supone para los propietarios, que no se ha demostrado su efectividad en otros municipios donde se ha aplicado. También criticaba la falta de consenso y de campañas informativas, al tiempo que denunciaba que iban a pagar justos por pecadores», toda vez que se calcula que un 40% de los perros de la ciudad no están dados de alta y que, por tanto, podrían continuar defecando en la calle sin problemas mientras que a los que sí están empadronados se les exige el análisis genético.
Con estos antecedentes, el Ayuntamiento se mantiene en su postura de reclamar la prueba de ADN, aunque de momento con una cierta flexibilidad. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, manifestaba que «la ordenanza está en vigor y nuestra voluntad es mantenerla. De todas formas, la prioridad en estos momentos es continuar con los controles para depurar el censo de perros y detectar aquellos animales que no están dados de alta. Será una forma de que no paguen justos por pecadores, como se ha venido diciendo».
De hecho, y de acuerdo con los últimos datos facilitados, durante los primeros quince días de la entrada en vigor de la nueva ordenanza y de controles por parte de la patrulla canina de la Policía Local, fueron 572 personas las que se acercaron al departamento de Sanidad para actualizar los datos de sus perros. En 150 de los casos fue para notificar la defunción del animal y en 422 para dar de alta a los canes.
El objetivo es mantener los controles «hasta tener un censo fiable. No se trata de avanzar una fecha a partir de la cual se van a imponer sanciones por no tener la prueba de ADN, pero sí que entendemos prioritario en estos momentos actualizar el padrón», enfatizó Martínez.
Asamblea
Mientras tanto, la plataforma ciudadana constituida en contra de dicha prueba genética ha convocado para este próximo sábado una asamblea a las 18,30 horas en el Centro Social de la Zona Norte. Según la información facilitada, a dicha cita han sido invitados todos los partidos políticos de la ciudad, veterinarios y un jefe de laboratorio experto en estos temas. En el transcurso de la reunión se decidirán las acciones reivindicativas a llevar a cabo a partir de ahora exigiendo la retirada de esta medida.
