La Conselleria de Justicia ha asignado un magistrado de refuerzo para colaborar en el alivio de la carga de trabajo del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoy, que acumula una demora de seis meses en el dictado de sentencias, según ha podido saber este diario de fuentes oficiales. Los colectivos profesionales de la justicia aplauden la medida, pero consideran que debería extenderse al juzgado número 1 que se encuentra en una situación similar, según ha podido saber este diario.
El Partido Judicial de Alcoy está configurado por cuatro juzgados, de los que dos están próximos al colapso y otros dos tienen una situación más moderada, pero en el contexto de una carga de trabajo muy superior a la fijada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En este contexto, las salas que presentan una situación más difícil son la 1 y la 2; a esta última, de hecho, la conselleria le ha asignado un juez de refuerzo, que está contribuyendo a que se pueda dar salida a la carga de trabajo acumulada. Entre los profesionales, abogados y procuradores, principalmente, se valora de manera destacada esta iniciativa, pero se pide que se extienda al número 1 -que incorpora los casos de violencia de género-, por entender que también la necesita.
Por el contrario, las salas 3 y 4 presentan una situación más aliviada, sin tanta demora en las tramitaciones, a tenor de las informaciones consultadas, por lo que un refuerzo no sería tan prioritario, aunque su volumen de trabajo es también muy importante.
En este sentido, hay que significar que, como viene evidenciándose en los informes anuales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la carga de trabajo de los juzgados de Alcoy supera de manera notoria la media estipulada por el propio CGPJ. Así, los cuatro juzgados locales sobrepasan ligeramente el límite recomendable en cuanto a casos penales, que en 2013 oscilaron de los 2.531 del número 1 a los 2.726 del número 2.
La media nacional es de 2.500, pero con la particularidad de que los asuntos penales se incrementaron en casi 1.000 en el citado ejercicio con respecto al precedente, y todo ello sin contar las ejecutorias, que también se tienen que tramitar por los jueces y los funcionarios.
El escollo principal, no obstante, está en los asuntos civiles, toda vez que los juzgados duplican con creces la media oficial. Así, en 2013 las salas incorporaron entre 770 y 815 casos civiles nuevos, siendo el promedio nacional recomendado de 380. A pesar de este desmesurado volumen, se ha registrado una reducción de asuntos en los últimos años, previsiblemente por la puesta en marcha de los Juzgados de lo Mercantil, que han absorbido parte de los casos. Así, en 2011 entraron 5.073 asuntos (lo que suponía, prácticamente, 1.300 por juzgado), mientras que en 2013 hubo 3.758.
El informe de 2013 del juez decano señalaba que «a dichos asuntos, que entran nuevos cada año, se le debe añadir los asuntos vivos en cada juzgado, por lo que la verdadera realidad es que los órganos jurisdiccionales tiene una notable sobrecarga de trabajo».
Hay que significar que la demanda de creación de nuevos juzgados para reforzar el Partido Judicial ha sido permanente, pero sin que esta reivindicación haya sido atendida; incluso en ocasiones ha sido formulada por el propio TSJ en sus memorias anuales. También se ha propuesto contar con una sala de lo Penal y, sobre todo, con otra de carácter Social, pero siempre ha resultado una reivindicación infructuosa.
