El Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana amenaza al alcalde socialista, Jaime Albero Jaime Albero, con inhabilitarlo. La entidad trasladó una carta al primer edil a finales de 2019 recordándole que podía abrirle un expediente por «no facilitar documentos» a una empresa local que trabajó para el Ayuntamiento en anteriores mandatos. La sociedad lleva solicitando a la administración local una serie de facturas impagadas, así como información sobre los criterios de contratación publicitaria alrededor de dos años.
La forma de proceder municipal llevó a este grupo a poner el caso en manos del Consell, en este caso, se trasladó el problema al Consell de Transparencia en octubre de 2018 al considerar que no se atendió «de forma correcta» su petición. Ahora, el organismo público solicita de manera urgente a Albero que conteste a los requerimientos, sino el Consejo tipificará el silencio administrativo como una infracción «muy grave» y terminar con el cesé del alcalde y «imposibilidad de ser nombrado para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años».
El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha confirmado a este diario que son conscientes de la situación y que se ha dado la orden de responder, por lo que «sí se atenderá a la petición». Mientras que el alcalde, Jaime Albero, desmiente que se esté tratando de ocultar cualquier tipo de información y que la respuesta «se traspapeló» con el cambio en la Secretaría municipal. «No hay ningún problema porque somos una administración transparente», indica el socialista.
En un primer momento, la sociedad local solicitó al Ayuntamiento los criterios de contratación a empresas de comunicación y publicidad cuando el equipo de gobierno dejó de contar con sus servicios. Para poder exigir, además, el pago pendiente de años anteriores, este grupo pidió esta documentación para la adecuada realización de un recurso, pero emitieron una queja basada en que la información que les había llegado era «insuficiente» y estaba incompleta». En marzo de 2018 los afectados pidieron el conjunto de documentos que la administración local «ha requerido al resto de medios de comunicación con los que trabaja y ha trabajado en los últimos cinco años».
Meses más tarde, en septiembre del mismo año, la empresa insiste en que la respuesta contiene información «no solo desordenada, sino incompleta e insuficiente». En las alegaciones presentadas, el grupo señala que «el derecho a la información no puede estar supeditado a la voluntad o conocimientos personales de un funcionario, sino que se debe garantizar, mientras que resulta evidente que el Ayuntamiento de Sant Joan no tenía intención de realizar».
Una vez el caso se alzó a dependencias autonómicas, el Consejo de Transparencia dio la razón a la empresa y comunicó al consistorio una resolución definitiva en mayo de 2019. Lejos de contestar en una segunda instancia, la sociedad reiteró ante el órgano de la Generalitat el silencio administrativo en septiembre del mismo año. «Informamos que a fecha de hoy (por 18 de septiembre), el Ayuntamiento de Sant Joan no ha aportado ninguna documentación a esta parte, por lo que instamos al Consell a que inicie, si lo considera oportuno, un expediente sancionar por incumplimiento de la Ley de Transparencia». Por todo ello, apenas un mes después, se dio parte al alcalde, Jaime Albero, de la posibilidad de apertura de expediente informativo seguido de una inhabilitación en el cargo de tres años, además de cesarlo del cargo que ostenta al frente del gobierno local.
Cambio en la Secretaría
El señalado primer edil, el socialista Jaime Albero, declara que no existe ningún tipo de problema con esta situación y que «bajo ningún concepto» se trata de un intento de ocultar información como sostiene la empresa. «Sí, hemos tardado en contestar y ha sido porque coincidió con el cambio en la Secretaría municipal. Lo siento, asumo mi responsabilidad, pero no queremos ocultar nada», añade el alcalde. «Somos un Ayuntamiento muy transparente y cabe recordar que hay información que se puede aportar y otra que no, aunque reitero que no habrá inconvenientes en atender a las peticiones de la sociedad», indica Albero. Además, insiste el socialista, respecto a la empresa, que la intención «que persiguen» es la de que el Ayuntamiento vuelva a contar con sus servicios, Según ha podido saber este diario, el pago de las facturas restantes no se realizó en tiempo y forma por recomendación del interventor. Además que parte de la información que reclama la empresa no se puede facilitar, mientras que para el abono de las cantidades reclamadas es necesario un informe interno que avale el abono restante.
