El juez amplía la investigación sobre el caso que mantiene imputados a los dos últimos alcaldes de El Campello. El magistrado ha citado a tres exediles, que son los responsables del área de Servicios Públicos entre 2011 y 2019, en calidad de testigos, junto con la jefa de servicio de esta concejalía. Y lo hace con una providencia dictada después de prestar declaración otros tres funcionarios: la interventora municipal, la jefa de Contratación y el secretario del Ayuntamiento. Según fuentes cercanas al caso, en estas últimas declaraciones, también como testigos, los funcionarios se ratificaron en sus informes, en los que ponían reparos de legalidad a los pagos por el mantenimiento de una depuradora de la zona norte y de la fuente del Centenari del Parque Central.
De esta forma, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante amplía las diligencias previas por un caso por el que están investigados -denominación que sustituye desde hace unos años a la de imputados- por una supuesta prevaricación administrativa el actual alcalde Juanjo Berenguer (PP), por su primer mandato entre 2011 y 2015, y el primer edil entre 2015 y 2019, Benjamí Soler (Compromís). Se trata de dos contratos que han supuesto un desembolso de un total de 460.000 euros durante una década de forma supuestamente irregular, al no haberse adjudicados los contratos en un concurso público pese a su cuantía. Por ello EU presentó una denuncia por supuesto troceamiento de contratos.
Los tres funcionarios declararon en enero ante el juez, aunque no ha trascendido nada más que se ratificaron en sus informes. Tras esta cita, el magistrado emitió el 22 de enero una providencia por la que cita a Alejandro Collado, exedil del PP que se ocupó de Infraestructuras entre 2011 y 2015, y de David Ramírez y Alfred Botella, exconcejales de Compromís que desempeñaron la misma labor en el pasado mandato.
Por su parte Esquerra Unida ha anunciado que va a solicitar que se cambie la citación en calidad de testigos por la de imputados, al considerar que fueron los que formalizaron con contratos irregulares, mientras que los alcaldes autorizaron los pagos.
Los dos últimos alcaldes prestaron declaración durante cuatro horas ante el juez en octubre, defendiendo sus actuaciones, aunque tampoco trascendió nada del contenido. Pese a que desde entonces no han querido hacer declaraciones públicas, cuando trascendió la denuncia de EU ambos negaron haber incurrido en cualquier ilegalidad y que actuaron siguiendo los informes de los técnicos.
El magistrado, tras analizar la denuncia formulada por EU, abrió diligencias previas y pidió información al Consistorio a principios de 2019 sobre la depuradora. El juez abrió una investigación por el pago irregular de 340.000 euros para mantenerla durante diez años. Se trata de la estación del edificio Cala Mercé y las pesquisas abarcan desde 2009.
Niegan ilegalidades
El juzgado solicitó en febrero de 2019 los expedientes administrativos de contratación del servicio de mantenimiento, explotación y depuración del edificio Cala Mercé de 2009 a 2018. Además, la denuncia de EU también incluía el mantenimiento de la fuente del Centenari. En su denuncia EU alertaba de que «se han estado abonando más de 120.000 euros con reparos por su dudosa legalidad», y podía haber un presunto fraccionamiento de contratos por la fuente.
Berenguer y Soler negaron a INFORMACIÓN hace un año cualquier ilegalidad. Los dos recordaron que se trata de una depuradora cuyo mantenimiento es competencia de la Generalitat, y que se ha tratado sin éxito de que fuera la Conselleria la que asumiera los costes. Y también defendieron que los pagos se apoyaron en informes positivos y se abonaban a la empresa designada por la Generalitat.
Responsabilidades
En cambio EU advertía sobre la depuradora de que «los tres últimos alcaldes han mantenido a dedo pagos a una misma empresa durante 11 años, a pesar de ser informados reiteradamente por parte de Intervención, Secretaría y Contratación de una posible ilegalidad, motivando la existencia de fraccionamiento de contrato, vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato y ausencia de procedimiento legal de contratación. Han advertido de los posibles efectos que podría conllevar la ilegalidad, por un supuesto de responsabilidad administrativa de autoridades, responsabilidad penal de autoridades y responsabilidad contable de autoridades».
