La plataforma «Anticrematorio y por la dignidad de Sant Joan» instan al Ayuntamiento de la localidad a que «cumpla con la legalidad» y contesten a varios escritos enviados por los afectados a la administración local sobre la polémica instalación. Los vecinos acusan al alcalde socialista, Jaime Albero, de «poco transparente» por hacer caso omiso a dos reclamaciones, la última notificada el pasado 15 de octubre, para que convoque las comisiones pertinentes. El primer edil, sin embargo, desmiente que se trate de «falta de transparencia» y admite que los técnicos trabajan «desde antes de las fiestas navideñas» para envíar una respuesta.
En concreto, los damnificados pidieron al Ayuntamiento «consultar el expediente administrativo y toda la documentación al respecto, así como información sobre las diferentes modificaciones puntuales del PGOU de Sant Joan» que permitieron la implantación de esta polémica instalación. Además, los vecinos sostienen que el alcalde Albero está incumpliendo el convenio de colaboración firmado entre la ejecutivo y el Síndic de Greuges, firmado en abril de 2015. Según la plataforma, la administración «se está saltando los acuerdos de transparencia y de atención ciudadana» acordados entre ambos organismos, al no atender a las peticiones de los afectados sobre la información requerida.
Por ello han elevado una queja ante el mismo Síndic y señalan directamente a Jaime Albero como responsable de tal escenario. Añaden pues que tampoco se están cumpliendo los términos de información y de comunicación por parte de la administración. «Si nosotros como colectivo tenemos acceso a los medios de comunicación, páginas web y redes sociales, y aún así no nos hacen caso, qué ocurrirá con el resto de la ciudadanía». Entre las principales reclamaciones de los afectados figuran que el Ayuntamiento aún no ha respondido a dos instancias, una de 2018 y otra de 2019, sobre las «diferentes irregularidades detectadas sobre el crematorio que lleva más de dos años cerrado, y por el que pedimos la nulidad de pleno derecho de la licencia de apertura para su clausura definitiva». Mientras, recuerdan que el portal web municipal «debería estar actualizado con el acuerdo alcanzado con el Síndic, así como todas las modificaciones puntuales alcanzadas sobre el PGOU». La plataforma insiste en que solo hay disponibles 10 para su consulta, mientras «fueron 14 las conseguidas».
Concluyen que han solicitado ver el expediente administrativo del crematorio y en la contestación municipal se antepone «como excusa» que tal requerimiento es «genérico y abusivo». Por su parte, el alcalde Jaime Albero reconoce que el Síndic les ha hecho llegar la queda de los vecinos y reconoce que «los técnicos están estudiando la respuesta para enviarla a la institución valenciana desde antes de las navidades». Aclara, además, Albero que «en ningún caso se trata de una falta de transparencia» y advierte que la documentación que solicita la plataforma de afectados es «inasumible» para una administración. «Nunca se les ha negado el acceso a información, pero esta, en concreto, resulta imposible de facilitar», detalla el primer edil. Asimismo, dice que «se actuará según digan los técnicos».
