Desde septiembre de 2017 y la tarde de ayer, varios juzgados han emitido diferentes sentencias sobre el funcionamiento del crematorio de Sant Joan, unas a favor del Ayuntamiento de esta localidad y otras que apoyan a la empresa propietaria de la instalación. Pero un año después, en la comisión del crematorio -que ayer volvió a tener lugar- se siguen enfrentando los grupos de la corporación municipal y la plataforma de afectados.
La reunión de ayer se basó en el resumen de la actividad judicial realizado por la asesora jurídica municipal, donde destacan las dos causas que hay abiertas en la actualidad. Una avala el cierre provisional del crematorio ordenado por el Ayuntamiento y la otra asegura que el Consistorio no es competente para tomar esta decisión. Los dos autos están recurridos y por tanto, no son definitivos.
Ante esta situación, por parte del Ayuntamiento de Sant Joan, su alcalde Jaime Albero defendió que «ante la maraña judicial actual, que actuar con prudencia por el interés general de todo el municipio».
Por contra, desde la Plataforma Anticrematorio reprobaron el comportamiento del Ayuntamiento e insistieron en que «hay que dar los pasos necesarios hasta conseguir el cierre definitivo de la instalación». Su objetivo es declarar «a nulidad de pleno derecho de la licencia de apertura, concedida sin los procedimientos legales», asegura Eugenio Herrero.
