Habrá devolución de las subvenciones donde la interventora municipal ha detectado supuestas irregularidades, unas ayudas que por otra parte también llegan a los tribunales de la mano de EU, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial.
El alcalde Benjamí Soles (Compromís) firmó ayer el decreto que inicia el expediente de reintegro de las ayudas que no se han justificado debidamente o contienen deficiencias por parte de la Junta Festera de los Moros y Cristianos, a la Associació Musical l'Avanç y la Cofradía de Pescadores. Lo que falta por establecer es la cantidad a devolver, ya que pese a que la interventora estima que son 67.057,85 euros, que se desglosan en 51.750,96 euros de la Junta, 7.160 de l'Avanç y 8.146,89 de la Cofradía, aunque esta ya devolvió 2.763,15 euros, los técnicos municipales de las distintas áreas afectadas consideran que la cantidad sería muy inferior, por lo que será el expediente que se abre ahora el que determine las cantidades finales, según explicó ayer Soler.
De igual forma el alcalde señaló que ya se ha procedido a modificar los convenios con las entidades para actualizarlos y ajustarlos a la normativa actual, siguiendo las indicaciones recogidas en el informe, para evitar que se reproduzcan las irregularidades. Del mismo modo Soler recordó que «precisamente es gracias a este equipo de gobierno que se han podido detectar estas irregularidades administrativas, dotando de personal al departamento de Intervención para que puedan realizar la fiscalización de las ayudas, porque los convenios vienen siendo los mismos desde hace mucho tiempo».
De forma paralela EU informó ayer, antes de trascender el decreto de reintegro, que el pasado 7 de junio presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alicante en la que reclama que se investiguen los hechos que advierte el informe de la interventora sobre la fiscalización de estas ayudas de 2016. Unas ayudas irregulares que la interventora afirma que no cabe otra que reclamar su reintegro, ya que no han sido debidamente justificados o hay deficiencias en la documentación o en los convenios.
El cuatripartito anunció que estaba estudiando qué hacer para tratar de evitar la devolución, debido al perjuicio que supondría para estas asociaciones, y porque se considera que estos colectivos no tienen responsabilidad alguna en estas deficiencias, tal y como ha venido informando este medio. Pero finalmente el alcalde anunció ayer tarde a este medio que ya se ha iniciado el procedimiento de reintegro y ahora habrá 15 días de plazo para que asociaciones y concejalías presenten alegaciones.
En la denuncia, formalizada por los ediles Pedro Mario Pardo y Raquel Pérez, alerta de las conclusiones de la interventora tras analizar las ayudas a estas tres asociaciones, dos de carácter nominativo a la Junta Festera y la Cofradía, en base al convenio vigente, y otra excepcional a l'Avanç. EU denuncia que «la resolución del informe de los servicios de intervención concluye que debe reintegrarse total o parcialmente todas las subvenciones otorgadas en 2016 a las entidades fiscalizadas por un total de 67.057,85 euros e iniciarse expediente sancionador por las infracciones cometidas», destacando que «el Ayuntamiento, eludiendo el informe de fiscalización, continúa incurriendo en las irregularidades expuestas (...) y vulnera la obligatoriedad de requerir el reintegro de 67.057,85 euros en detrimento de las arcas públicas y prorroga el presupuesto durante los años 2017 y 2018 incluyendo las partidas nominativas de estas entidades».
Se incide en la falta de colaboración de algunas concejalías o de la deficiente información aportada por estas a la interventora, y que «el gobierno municipal no ha mostrado ninguna voluntad de cumplir con la obligatoriedad de la administración de iniciar los expedientes administrativos de reintegro y sancionador ante la gravedad de la incidencia señaladas por la interventora en su informe de fiscalización».
También alerta de que el informe recoge incidencias comunes a todas las subvenciones analizadas, centradas en la carencia de un Plan Estratégico de Subvenciones, pese a ser obligatorio, y que «el Ayuntamiento no suministra la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de todas las subvenciones que se concedan, de forma exacta, completa y en plazo, vulnerando la legislación», entre otras cuestiones.
Retraso en la decisión
El concejal Pedro Mario Pardo celebró ayer tarde que el alcalde anuncie el inicio del reintegro, pero lamentó que hayan tardado un mes en hacerlo, ya que «el informe es de febrero y lo dieron a conocer a la oposición hace un mes. Si desde un primer momento hubieran dicho que se iba a reclamar el dinero que la interventora dice que es obligatorio reclamar, no habríamos tenido que recurrir a los tribunales».
Y por otra parte lamentó que se hayan rechazado sus mociones en 2016 y 2017 para realizar una auditoria de las cuentas municipales, pese a que era un compromiso que figuraba entre los 30 puntos del pacto de investidura del alcalde. «Se ha identificado una irregularidad con fondos públicos en 2016, y ahora es nuestra obligación identificar dónde está el inicio y que no se vuelva a repetir. Si la auditoría de las cuentas del Ayuntamiento era primordial ahora es inevitable».
