Golpe de autoridad de la Subdelegación del Gobierno de Alicante en su enfrentamiento con el Ayuntamiento de Sant Joan, ahora en los tribunales. Los servicios jurídicos de la Subdelegación han presentado una demanda, vía contencioso administrativo, para que la justicia «declare la nulidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant de 30 de mayo de 2016, por el que se aprobó el proyecto de prestación por gestión directa del servicio de limpieza de edificios municipales y se encomendó tal gestión a la empresa pública Personas y Ciudad, Sociedad Anónima Unipersonal, Pycsa, por vulnerar los preceptos legales».
Fuentes del organismo estatal explicaron ayer que se ha recurrido a la vía judicial, porque el Ayuntamiento «ni siquiera ha contestado» al requerimiento que se envió con fecha 27 de julio de 2016, dirigido al presidente de la Corporación, el alcalde de Sant Joan d'Alacant, Jaime Albero, para que en el plazo de un mes, procediera a anular el acuerdo plenario que aprobaba la subrogación de los 18 empleados de FCC, una vez finalizada la contrata, a la empresa municipal Pycsa.
La Subdelegación mantiene en la demanda que la subrogación de los empleados de la limpieza «no resulta respetuosa» con el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual, «el acceso al empleo público debe hacerse de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad de la convocatoria y bases de selección, transparencia, imparcialidad de los miembros de los órganos de selección e independencia».
La demanda recoge también que la aprobación en sesión plenaria se produjo a pesar de dos informes contrarios, emitidos por el interventor y por el secretario municipal, que consideraban que la empresa municipal Pycsa no podría asumir la subrogación de los trabajadores. Según la Subdelegación, los informes «concluyen que no se respetan las limitaciones exigidas por la disposición adicional decimoquinta, apartado uno, de la ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016».
El alcalde de Sant Joan reiteró ayer su decisión de no hacer valoración ni declaración alguna, hasta que no estudie detenidamente el requerimiento y la demanda con la responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, de baja médica. El regidor municipal tan sólo matizó que «si la Subdelegación elige la vía judicial, pues será la que habrá que desarrollar». Sin embargo, según el portavoz del grupo municipal popular, «el contencioso administrativo es la única opción que el alcalde ha dejado al organismo gubernamental, porque ha incumplido la ley, ha guardado el requerimiento en un cajón, no ha tenido capacidad de reacción».
El PP criticó que se haya actuado con «tan poca prudencia, si ya existía un requerimiento para anular la decisión, se tenía que haber prorrogado la contrata tres meses más, porque es un servicio básico, y no se puede prescindir de él. Pero ese tiempo ganado, habría servido para licitarlo o iniciar otra vez el proceso de municipalización, pero acorde a la ley». El grupo en la oposición denunció también que «lo más triste es que ahora todos los santjoaners pagaremos las consecuencias».
Mejoras laborales
Cabe recordar que el equipo de gobierno siempre ha apostado por la municipalización de este servicio ante el ahorro que suponía para las arcas municipales, 99.000 euros menos de lo que se pagaba a FCC. Y por las mejoras de las condiciones laborales de los 18 trabajadores afectados. La justicia ahora tiene la última palabra sobre el futuro del servicio.
