En algunos casos hacer publicidad sale gratis. Y es lo que parece que ha ocurrido en el caso de Sant Joan d'Alacant, un municipio especialmente interesante y atractivo por su enclave estratégico entre centros comerciales, acceso y salida de la autovía y la entrada a Alicante desde la N-332. Es un sitio perfecto para anunciarse y ha sido el lugar perfecto en el que la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de marquesinas en parada de autobuses y otro mobiliario urbano de interés general en las vías publicas del municipio de Sant Joan ha hecho su negocio.
Con la salvedad de que no ha reportado al consistorio el canon que le corresponde. Es lo que corrobora un informe elaborado por el Servicio de Contratación que concluye que se debe de rescindir el contrato con dicha mercantil por el impago del canon.
La empresa que explota las vallas y otros soportes publicitarios del municipio le debe a Sant Joan 725.906 euros. Una cantidad que el Ayuntamiento ya comenzó a reclamar el año pasado sin obtener éxito alguno.
El alcalde, Jaime Albero, explica que una vez rescindido el contrato será la empresa municipal de vivienda y suelo Pycsa la que se va encargar de la gestión publicitaria en el municipio. Una de las nuevas encomiendas que se realiza a Pycsa con el objetivo de que muchos contratos que realizan empresas puedan realizarse con recursos propios municipales. Y entre los cometidos de los que se va a encargar se encuentran tanto las vallas publicitarias como la publicidad en las marquesinas de los autobuses y las banderolas publicitarias que se colocan en las farolas.
De esta forma municipalizará este servicio que, tras los informes municipales, ha resultado ruinoso para los intereses municipales.
Contrato de 18 años
En octubre de 2001 el Ayuntamiento firmó el contrato con una empresa publicitaria para realizar la explotación de las vallas por un periodo de 18 años. Pero unos meses más tarde, en marzo, esta mercantil cedió el contrato a Cepex Corporación Publicitaria para que fuese esta empresa la que se encargara de la explotación a partir de aquel momento.
En 2015 el Ayuntamiento realizó una revisión de la documentación de este contrato y descubrió que la concesionaria actual había incurrido «en un incumplimiento» y también en «falta documental en el contrato administrativo suscrito». Entonces se puso en marcha la maquinaria para reclamar a la adjudicataria que se pusiera al día con los pagos. Una empresa especializada entregó el 29 de mayo un informe en el que calculó que el valor de mercado del mobiliario urbano destinado a publicidad y señalización propiedad de la concesionaria era de algo más de 143.000 euros. En septiembre el consistorio le dio un plazo de un mes a la concesionaria para abonar el canon de más de 700.000 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha recibido respuesta de la mercantil. Es por ello que se ha trasladado a Suma gestión tributaria el cobro en periodo ejecutivo de cerca de 584.000 euros en concepto de canon de explotación.
El Ayuntamiento a su vez, anuncia la incautación del aval para responder al incumplimiento de obligaciones de 4.300 euros depositado en la Tesorería municipal.
