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La Plataforma contra el Crematorio pide al Consistorio que lo cierre definitivamente

Lamenta que el abogado de la empresa sea quien defendió ante ellos su clausura como Síndic

La Plataforma contra el Crematorio de Sant Joan d'Alacant pide al Ayuntamiento que tome la delantera y decida el cierre definitivo de la instalación. Los responsables de la entidad vecinal que rechaza esta instalación advierten de que «el cierre definitivo es una cuestión que depende del alcalde» y le piden que lo haga «para zanjar de una vez el tema». La actividad del crematorio lleva un año paralizadalleva un año paralizada. «Es muy importante y positivo», explican, pero quieren que sea definitivo.

La Plataforma se manifestaba así tras conocer ayer la noticia del archivo del caso contra el exalcalde popular, Manuel Aracil, y doce concejales, por votar a favor del cierre de la instalación. El juez no ha visto indicios de prevaricación y ha archivado la denuncia presentada por la mercantil ASV contra estos representantes municipales. La entidad compuesta por vecinos de Sant Joan quiere que se den los pasos definitivos para el cierre y exigen al Ayuntamiento que incluya «los dos informes sanitarios a los que se comprometió, no sólo el de 2014, también el del verano de 2013».

Sobre el archivo del caso, la Plataforma afirma que quiere ser cauta y que se trata de una decisión que podía ser recurrida y que lo ha sido. La mercantil ha recurrido el auto del juez ante la Audiencia Provincial de Alicante. Los representantes de la Plataforma reconocen que «aunque la resolución judicial es muy positiva, hay que ser prudentes porque no es firme», apuntan.

De hecho, arremeten contra el abogado de la mercantil que ha presentado el recurso, Bernardo del Rosal. «Lamentamos que el antiguo Síndic de Greuges sea el abogado de ASV. En 2006, siendo defensor del pueblo autonómico hizo una resolución contundente en contra del crematorio y diez años más tarde es defensor de ASV», apuntan desde la Plataforma.

Por su parte, el representante de la mercantil, explica que «pusimos la querella para que no se juegue con el dinero de los ciudadanos y sean los políticos quienes paguen la posible multa. Porque si hay una multa la ciudadanía deberá de nuevo asumirla».

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