Contra el alcalde de Sant Joan, Manuel Aracil, y contra 12 (9 del PP, 2 de Compromís y uno de EU) de los 21 concejales de la Corporación acaba de admitir a trámite una querella Manuel Aracilconcejales el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, que ha considerado que los hechos denunciados por la propietaria del crematorio ubicado en esta población, en estos momentos cerrado cautelarmente por un acuerdo plenario, pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación. De la acción penal emprendida por la mercantil ASV se salvan los siete concejales del PSOE, que se ausentaron del pleno en el momento en que se votaba la clausura de la incineradora, y uno de los ediles del PP, Javier Yebes, que no asistió a la sesión el día en que se trató este asunto, el pasado 16 de enero.
La querellante, a quien representa el letrado Bernardo del Rosal, mantiene que el acuerdo por el que se resolvió la suspensión cautelar de la actividad que venía manteniendo el crematorio se adoptó aún a sabiendas de que «el pleno carecía de forma absoluta, evidente e indiscutible de competencia para adoptar dicha medida».
La mercantil añade además que la decisión se adoptó «sobre la base de un informe sanitario emitido por la Sección de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública que ni concluye ni afirma la existencia de un riesgo inminente para la salud ni concluye ni afirma la existencia de un riesgo inminente para la salud que pudiera justificar una medida de tal naturaleza». Un informe que, según asevera la titular del crematorio, «ha sido desautorizado por otro posterior» de un ecotoxicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia, del que asegura la querellante que también tiene conocimiento el Ayuntamiento de Sant Joan. Este estudio concluye que las emisiones del horno crematorio clausurado «no presentan un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente que pueda ser calificado como grave desde el punto de vista técnico-ambiental».
Sobre esta base, junto a la abundante documentación que acompaña la querella, el magistrado ha abierto diligencias para comenzar una instrucción que permita determinar si los trece representantes públicos del Ayuntamiento de Sant Joan, con su alcalde, Manuel Aracil, a la cabeza, prevaricaron al votar al favor del cierre cautelar de la incineradora, es decir, si adoptaron esta decisión sabiendo que era injusta.
Entre los documentos que aporta la mercantil ASV Funeser se encuentra el archivo de la denuncia interpuesta por vecinos de Sant Joan contra la incineradora así como otras seis resoluciones judiciales (entre sentencias y autos tanto de juzgados de lo Contencioso de Alicante como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad) que respaldan la actividad del horno crematorio.
Para la firmante de la querella, cuyo admisión a trámite fue notificada ayer, el pleno del Ayuntamiento de Sant Joan ordenó la suspensión cautelar del trabajo que venía desarrollando el crematorio «por motivaciones absolutamente espurias que nada tienen que ver con la realidad del peligro para la vida o la salud de las personas tras años de auténtica persecución contra la instalación y una actividad legal y no peligrosa en absoluto».
«Con fines electorales»
En el escrito ahora admitido a trámite se queja la mercantil de «los años que se ha mentido a los vecinos acerca de la realidad de los peligros que la actividad del crematorio produce, lo que ha provocado una conflictiva contestación social».
La propietaria del horno enmarca esta situación en el periodo preelectoral en que nos encontramos, por lo que el «el Pleno ha forzado esta decisión grosera y manifiestamente ilegal con fines pura y exclusivamente electorales aún siendo conscientes sus integrantes de la manifiesta arbitrariedad e injusticia de la resolución» que llevó al cese a la actividad. Algo que considera que pasa de la «mera irregularidad para entrar de lleno en el territorio de la ilicitud penal».
