Sant Joan pondrá la lupa sobre las infracciones urbanísticas. La concejalía de Urbanismo, dirigida por el edil de Compromís Sergio Agueitos, quiere intensificar el control en este sentido para detectar y reducir las irregularidades que se producen en la localidad y que, al incumplir la normativa vigente, conllevan la imposición de sanciones económicas. Para ello, Agueitos quiere crear una oficina de disciplina urbanística a través de la cual busca aumentar la vigilancia tanto en obras particulares como en la vía pública.
Hay que tener en cuenta que el área de Urbanismo acumula cerca de 300 sanciones urbanísticas pendientes de resolución desde el año 2012. «El pasado mes de agosto saltaron todas las alarmas cuando caducaron tres procesos que habrían reportado unos 20.000 euros a las arcas locales», señaló el propio concejal, quien defendió la medida y argumentó que permitirá aumentar la recaudación municipal y «especialmente contribuir a la lucha contra la corrupción».
Más personal
Con los datos en la mano, el área que dirige Agueitos ha abierto en los últimos cuatro años un total de 428 expedientes sancionadores, de los cuales se han resuelto cerca de 129. El resto -excepto siete que han preescrito- siguen pendientes de resolución a día de hoy y representan el 68% de los procedimientos iniciados desde Urbanismo y que siguen en tramitación. Ante esta situación, el concejal de Compromís entiende que «es de vital importancia la reordenación de funciones en el departamento de Urbanismo, así como la incorporación de personal en orden a crear una oficina que se encargue de asegurar el cumplimiento de la legalidad».
Así las cosas, Agueitos quiere crear un nuevo departamento dentro de su área, compuesto por dos miembros, que realicen inspecciones de forma rutinaria. «No se está realizando el trabajo de vigilancia que debería efectuar la Administración pese a que es una competencia local irrenunciable e inexcusable». Esta circunstancia genera, entre otras cosas, un «agravio comparativo» entre los vecinos de la localidad. «No todos están sometidos al mismo nivel de fiscalización porque se actúa a través de denuncias vecinales o de la Policía Local», señaló el regidor.
Irregularidades
No acometer las labores de limpieza para mantener en buen estado los solares de la localidad, utilizar aparcamientos sin registrar ni abonar la tasa de vado o no solicitar permiso municipal para efectuar reformas en viviendas particulares son algunas de las irregularidades que pueden suponer el inicio de un expediente sancionador en materia urbanística. Precisamente, uno de los objetivos de la oficina de disciplina urbanística será controlar las reformas privadas. «Queremos acudir al inicio y al término de la actuación para ratificar que se ha efectuado lo que declararon», advirtió Agueitos.
Pérdidas económicas
Por otra parte, el edil señaló que es imposible conocer la cuantía económica que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en los últimos años por los expedientes que continúan en trámite y aquellas infracciones que no se han detectado, aunque admitió que en cualquier caso se trataría de una cifra elevada. «Con el paso de los años hay menos procedimientos que se resuelven y mayor número de los que se van acumulando. Es necesario aumentar la vigilancia», zanjó Agueitos.
