Una nueva victoria judicial para el polémico crematorio, ubicado en Sant Joan d'Alacant, en uno de los momentos más delicados de la guerra a tres bandas entre el Consistorio, la empresa propietaria de la incineradora y los residentes afectados, que se libra desde hace cerca de nueve años. Así, la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante ha archivado la denuncia presentada por los vecinos, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al dictaminar que las emisiones de la instalación no presentan riesgo «grave» para la salud. Una resolución judicial que va en contra, además, de la posición del Ayuntamiento santjoaner, que el pasado viernes aprobó, en un pleno extraordinario, el cierre cautelar del crematorio por producir unos «riesgos no aceptables en su entorno a las personas».
Como se recordará, los vecinos denunciaron al grupo ASV, empresa propietaria del crematorio, por «incumplir la autorización de emisiones a la atmósfera», incluida en la licencia de actividad, emitida por la Conselleria de Medio Ambiente. Sin embargo, ahora, un informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia, un órgano dependiente de la Generalitat, indica que «todas las mediciones efectuadas se encuentran por debajo de los límites máximos estipulados para este tipo de instalaciones». No obstante, recalca que las emisiones a la atmósfera solicitadas por ASV son «mucho más reestrictivas para determinados parámetros», aunque, por otro lado, indica que la disposición de Ley en la que se basa esta acotación fue «derogada».
En definitiva, el informe, en el que se apoya la juez para archivar la causa, concluye que el crematorio, en su régimen normal de funcionamiento, «no presenta un riesgo para la salud que pueda ser calificado como grave». Por tanto, la magistrada dictamina que no existe la «perpetración de infracción penal».
Polémica
La resolución judicial será fruto de una nueva polémica al «no tener en consideración» las conclusiones de los informes sanitarios, emitidos por la Unidad de Sanidad Ambiental. El equipo de gobierno de Sant Joan se aferra a uno de estos informes, para proceder al cierre cautelar, pese a que la juez no da validez a este documento. Así, en el auto, se indica que «las conclusiones no pueden ser tomadas en consideración al no pretender responder a las cuestiones planteadas, utilizar datos no extrapolables al caso concreto o adolecer de falta de precisión en las circunstancias de las mediciones», entre otras.
