Acudir a la vía judicial. Esta fue la amenaza que lanzaron ayer desde el crematorio si, finalmente, el equipo de gobierno popular de Sant Joan cumple con su anuncio y decreta el cierre cautelar del polémico horno ubicado en la localidad. Para el grupo ASV, empresa propietaria de las instalaciones, el nuevo informe de Sanidad, en el que se solicitan «medidas correctoras» en el proceso de incineración, no es «concluyente», por lo que censuran que el Consistorio se aferre ahora a este documento para paralizar de manera temporal la actividad.
Como se recordará, el equipo de gobierno ya ha iniciado los trámites para suspender, de forma cautelar, la actividad del crematorio, tal y como publicó ayer este diario. La recepción de un nuevo estudio, elaborado por la conselleria de Sanidad, sobre el impacto de los gases emitidos durante las cremaciones en la salud de los vecinos del entorno, en el cual se pide al grupo ASV aplicar medidas correctoras en las incineraciones, ha llevado al poder municipal a dar un paso al frente y actuar en contra de la empresa.
No hay que olvidar que, desde su apertura en verano de 2013, el crematorio ha sido objeto de crítica por parte de los residentes de la zona, que han solicitado el cierre cautelar del horno en múltiples ocasiones. La existencia de un informe de Sanidad anterior al inicio de las incineraciones en Sant Joan, basado en una instalación similar, en el que se alertaba de los «riesgos para salud» de este tipo de actividades hizo saltar las alarmas entre los vecinos. Pese a todo, el equipo de gobierno frenó la suspensión cautelar del horno hasta que no tuvieran un documento de Sanidad basado en datos del crematorio de Sant Joan. Cabe destacar que, durante la espera, el Ayuntamiento ha solicitado el cierre cautelar a la conselleria de Medio Ambiente, departamento que ha hecho oídos sordos a sus peticiones, por lo que, finalmente, ha sido el Consistorio el que se ha visto obligado a actuar.
Así, el portavoz del PP, Santiago Román, compareció ayer ante los medios y recalcó que para levantar la medida cautelar que pretende ejecutar el Ayuntamiento, el gobierno exige un nuevo informe de salud, que no sea «desfavorable». «La decisión sigue siendo paralizar la actividad», recalcó el edil pese a que, como aseguró, todavía no han recibido las alegaciones por parte de la empresa. Con todo, el plazo para que el crematorio presente su defensa concluye el próximo miércoles.
«Nos parece irresponsable que se anuncie el cierre cautelar sin haber recibido las alegaciones», criticó ayer el director de Comunicación del grupo ASV, Víctor Humanes, quien indicó que la empresa está confeccionando su defensa. «La interpretación que ASV hace del estudio es que no hay riesgo para la salud», apuntó el representante del crematorio, quien sí admitió que el documento recomienda tomar medidas correctoras, aunque recordó que ya se han implementado algunas de las indicadas por Sanidad.
Con todo, Román vaticinó ayer que, a lo largo de la próxima semana, se convocará un pleno extraordinario para votar la suspensión cautelar, pese a que este paso no es obligatorio. «El gobierno municipal debe asumir la responsabilidad del cierre temporal, con un decreto de alcaldía o en la Junta de Gobierno. El pleno ya se ha pronunciado a favor de la medida preventiva», señaló el portavoz del PSOE, Baltasar Ortiz. Desde EU alertaron que si, más adelante, hubiera que revocar la decisión, las responsabilidades podrán ser extensivas a todos los grupos que votaron a favor. Román, por contra, justificó la decisión de elevar a pleno la medida en pro de la «transparencia».
La Plataforma Anticrematorio, por su lado, calificó la medida como «electoralista» y manifestó su temor a que «cuando pasen los comicios el horno vuelva a efectuar su actividad». Además, lamentaron, una vez más, que las decisiones «llegan tarde».
