Es el final de ocho años de trámites con la Administración, protestas vecinales y demandas que han sobrevivido a tres equipos de gobierno diferentes en el Ayuntamiento santjoaner. El Grupo ASV inició hace aproximadamente tres semanas su actividad y ni vecinos ni Consistorio se habían percatado de ello. Según ha confirmado la empresa, durante este tiempo se han realizado 33 incineraciones. La actividad está totalmente normalizada y han empezado a trabajar de forma diaria.

Se trata de una apertura muy polémica y a la vez esperada, ya que el último trámite, la licencia de apertura que debía dar el Ayuntamiento, se otorgó a la mercantil el pasado mes de abril.

«Hemos cumplido todas las exigencias de seguridad que nos ha pedido la Administración», argumentaron ayer desde el crematorio. Entre los requisitos que la Generalitat planteó a la mercantil estaba la obligación de instalar unas sondas permanentes para medir las emisiones. Dichos sistemas de medición ya se colocaron y, con la apertura del crematorio, han empezado también a funcionar. Estos aparatos servirán, tal como explica la mercantil, para monitorizar de una forma continua todas las incineraciones, de modo que todos los datos sobre emisiones se quedarán registrados y a disposición de las inspecciones o consultas que tenga que llevar a cabo la Administración valenciana.

Las mismas fuentes aseguraron que la actividad del crematorio no será comparable a la de la mayoría de incineradoras que hay en toda España, ya que si de media estos hornos llevan a cabo más de 600 incineraciones al año, en las instalaciones de Sant Joan se prevén unas 200 anuales. Son unas incineraciones cuyas emisiones, según la empresa, estarán controladas por un sistema que las hace incoloras e inodoras.

El periplo de la instalación de la incineradora en el municipio comenzó en 2005 cuando la empresa consideró que había obtenido el permiso por silencio administrativo. Las obras comenzaron y en 2006 el Ayuntamiento le denegó la licencia de actividad. La obra estuvo paralizada durante cinco años, hasta que en 2011 el TSJ dio la razón a la mercantil. Entonces reanudó los trabajos, aunque por poco tiempo, ya que sólo unos meses después los cuatro grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, Bloc y EU) aprobaron en pleno revocar los permisos de obras y de actividad y el rescatar de la licencia. Entonces la empresa presentó un recurso contencioso administrativo contra esta decisión. El juzgado falló a su favor y, aunque el Consistorio apeló, la funeraria volvió a reanudar los trabajos. Este recurso, que sigue pendiente de resolución, es el último resquicio que le queda al Ayuntamiento para intentar ganar la batalla al crematorio.

La noticia del inicio de la actividad ha llegado cuando sólo unos días después de que el Ayuntamiento recibiera el último varapalo de este via crucis judicial. El grupo ASV reclamó una indemnización por los cinco años que las obras estuvieron paralizadas. El Juzgado resolvió que el Consistorio deberá pagar 658.ooo euros, fallo que también ha sido recurrido.

«La sentencia evidencia que tenemos razón, aunque están en su derecho de recurrir», señalan desde la mercantil.