El concejal de San Fulgencio Mariano Martí presentó ayer su renuncia al acta de concejal, una jugada que empuja todavía más hacia el precipicio al gobierno liderado por Carlos Ramírez, cinco tránsfugas y un edil de UPyD. En pocos días está previsto que se convoque un pleno para dar cuenta de la condena a ocho años y medio de inhabilitación del alcalde. Cuando llegue ese momento habrá que elegir nuevo regidor y la decisión que ha tomado Martí podría ser decisiva para precipitar la caída del actual gobierno.
Martí ha renunciado al cargo meses después de haber sido también condenado a ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. Desde que el fallo fue firme dejó de ejercer como edil de la oposición, pero al no renunciar al acta nadie de la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (APSFU) ocupó su puesto. Pero todo eso está a punto de cambiar.
La sentencia que obliga al alcalde Ramírez a apartarse de la política deja un escenario cuanto menos complicado. Su acta volverá a manos del Partido Popular (PP), que solo dispone ahora de un concejal y que entonces sumará dos. En la oposición habrá también dos ediles del PIPN, dos del PSOE y el del APSFU. Siete en total frente a los cinco tránsfugas que fueron expulsados del PP y el edil de UPyD. Esa mayoría podría impedir que el actual gobierno siga al frente del Ayuntamiento, pero en política, y más todavía hablando de San Fulgencio, no se puede dar por hecho.
Toda esa situación deja un escenario que podría hacer muy difícil la gobernabilidad en este municipio de la Vega Baja. Hay muchas posibilidades abiertas y los diferentes grupos están negociando a toda prisa para tratar de seguir en el poder o de conseguirlo. El único concejal del PP, Manuel Gómez Rebagliato, no tuvo ayer inconveniente en admitir que está negociando con los tránsfugas y con el edil de UPyD la formación de un gobierno conjunto en el que él asumiría la Alcaldía, algo que la cúpula provincial no ha autorizado, al menos por el momento. El plan B de los tránsfugas sería presentar como alcaldable al concejal de UPyD.
Si llegado el día de elegir al nuevo alcalde no hay un acuerdo, gobernaría la lista más votada, que es el PP, que tendría dos ediles a lo sumo. De ahí la necesidad de forzar pactos in extremis para tratar de conseguir el objetivo de gobernar. El PIPN, por su parte, ya ha anunciado que no se integrará en ningún gobierno de coalición a un año vista para las elecciones, y resulta del todo improbable que PP y PSOE o el nuevo edil del APSFU se alíen para coger las riendas del municipio. El final de esta historia se empezará a saber la próxima semana, puesto que si el alcalde no convoca el pleno para dar cuenta de su condena lo tendrá que hacerlo el secretario.
