Tras tres aplazamientos, ayer se celebró finalmente el juicio de las 12 trabajadoras de Dinoco, la empresa que se estuvo ocupando durante años del servicio de Atención Temprana en Orihuela, y que reclaman al Ayuntamiento que se les reconozca como personal laboral, anulando los despidos que se produjeron tras asumir el Consistorio, el pasado mes de septiembre, el servicio, a través de la empresa municipal Uryula Histórica, y reincorporarse con todos los derechos como parte de la plantilla municipal. La demanda se dirige contra el Fogasa, Astrapace (la entidad que se ocupó de la gestión temprana antes de entrar Dinoco), Uryula Histórica, el Ayuntamiento de Orihuela y la Asociación Dinoco Vega Baja.
El fiscal apoyó en la vista el reconocimiento de las trabajadoras para ser parte de la plantilla del Ayuntamiento, como personal indefinido municipal, no como funcionarias ya que para eso sería necesario aprobar una oposición. La Fiscalía señaló que quedaba demostrado que era el Ayuntamiento quien gestionaba lo relativo a contrataciones, como sucedió con la anterior empresa Astrapace, que tras hacerse cargo Dinoco -formada por los padres de los usuarios- de la gestión de la Atención Temprana, el personal lo asumió esta última, por lo que las trabajadoras consideran que se ha dado un proceso de «contratación encubierta» por parte del Consistorio oriolano, puesto que desde el año 2001 trabajaban en este servicio, primero para Astrapace y después para Dinoco.
El fiscal apoyó la demanda de las empleadas para que se declare nulo su despido, que se produjo tras asumir el Ayuntamiento la gestión del servicio y convocar un proceso de selección que la mitad de esas trabajadoras, las que se presentaron, no lo superó. Además, en el juicio se puso sobre la mesa que el consistorio oriolano actuaba como una empresa en cuanto a encargarse de todo lo relativo a la gestión y que la entidad era mero transmisor de la partida presupuestaria que el Ayuntamiento otorga al servicio.
Informe
Todo lo contrario de lo que defendió el abogado del Ayuntamiento, quien llevó un informe completo para desvincular a la administración local de la gestión del servicio y que todo lo relativo al mismo, incluidas las contrataciones, era tarea de Dinoco. También defendió que el Ayuntamiento asumiera el servicio basándose en informes técnicos que así lo señalaban. Esto último compartido por el fiscal para quien la fórmula del proceso de selección efectuada por el consistorio es la más correcta para gestionar el servicio, lo que no quita que las que se ocupaban de la atención de los menores durante años sean consideradas como personal municipal.
El juicio, previsto para las 9.30 horas, se prolongó hasta las 16 horas debido a la gran cantidad de testigos citados, entre ellos Emilio Zaplana, quien el pasado mandato, como concejal de Bienestar Social, modificó las condiciones para garantizar su funcionamiento. También estaba la actual edil de este área, Sabina Galindo y la pública Uryula, que asumió el servicio de Dinoco, y que tiene al alcalde, Emilio Bascuñana, como presidente, aunque éste no acudió a la vista y se acogió, como regidor, a su derecho a testificar por escrito si así lo requería el juzgado, lo que está por ver.
El momento más tenso lo protagonizaron el abogado de las demandantes y Sabina Galindo al ser preguntado por él en un interrogatorio que se podía calificar de «hostil» y en el que recriminó a la edil de Bienestar Social la premura para convocar el pleno en el que se dio luz verde a la gestión directa del servicio. Galindo también tuvo un careo con la directora de Dinoco, aunque éste no fue determinante para que el juez fijara posiciones.
El juez se interesó mucho, y preguntó a los testigos, por si, dejando aparte a las trabajadoras, los suministros, consumibles etcétera eran propiedad del Ayuntamiento de Orihuela y sobre si esa asociación, Dinoco, no se dedicaba a otras tareas y si sólo se creó para asumir ese servicio.
Ahora, habrá que esperar a que el magistrado se pronuncie en una sentencia muy esperada y que, en caso de que diera la razón a las trabajadoras, podría duplicar la actual plantilla del servicio municipal de Atención Temprana.
