El próximo mes de abril, cuando se ha vuelto a fijar la vista, las doce trabajadoras de Dinoco que han planteado en los juzgados un reconocimiento de derechos por parte del Ayuntamiento de Orihuela, habrán cumplido un año desde que esperan una sentencia que reconozca que la relación que ellas tenían era, en realidad, como personal laboral municipal y no contratadas por los padres de la asociación. Ayer una veintena de personas, entre demandantes, demandados (el Ayuntamiento y la propia directiva de Dinoco) y testigos, sufrieron los rigores de la sobrecarga de trabajo de los juzgados cuando un funcionario les dijo sobre la una y media de la tarde que el juicio, previsto para las doce, quedaba aplazado por dos meses más ya que era imposible celebrarlo, según fuentes municipales.

Es el tercer aplazamiento de una vista en la que el Ayuntamiento oriolano, cuando se planteó la demanda, consideró que tenían que figurar como codemandada la junta directiva de Dinoco. La realidad es que la mitad de esas trabajadoras no pasó el proceso de selección que impulsó el Ayuntamiento para asumir el servicio y, en su mayoría, se encuentran en el paro después de años de dedicación porque la relación que tenían con la asociación se extinguió. Entre los testigos que ayer acudieron estaban dos exconcejales que han tenido que ver mucho en la historia de esta asociación, fundada hace 17 años, como eran Andrés Ballester, quien la impulsó denominándose Astrapace en un primer momento; y Emilio Zaplana, quien el pasado mandato modificó las condiciones para garantizar su funcionamiento. También estaba la actual concejala, Sabina Galindo, así como las demandantes, abogados, procuradores, testigos y exdirectivos de la asociación.

También estaba citada la empresa pública Uryula, que asumió el servicio de Dicono, y que tiene al alcalde, Emilio Bascuñana, como presidente, aunque éste no acudió a la vista.