Creen que todavía hay esperanzas de frenar la retirada de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura y están dispuestos a llegar hasta el final. La Asociación Española de Abogados Cristianos, que representa a la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo (TS) en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de dar luz verde a la retirada del monumento ubicado en la Plaza de España. Lo que piden al alto tribunal es que apruebe una medida cautelarísima que impida al Ayuntamiento eliminar la peana con el nombre de los 81 caídos que todavía está junto a la iglesia de San Martín, pues consideran que no incumple la Ley de Memoria Histórica.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, criticó ayer este cambio de postura por parte de la justicia valenciana y recordó que «hace tan solo una semana el mismo tribunal paralizó el derribo de la Cruz cuando el Ayuntamiento ya había comenzado a tumbarla». Ahora el TSJ valenciano ha autorizado al consistorio a proseguir con las obras aunque le insta a custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para «que sea perfectamente viable la reconstrucción del conjunto» si, finalmente, la justicia da la razón a la Plataforma.
Procedimientos
Castellanos denunció ayer públicamente que la justicia «permita a un Ayuntamiento destruir un monumento sobre el que hay varios procedimientos judiciales abiertos, para luego, llegado el caso, tenerlo que volver a reconstruir». Asimismo tildó de «incomprensible» la decisión del TSJCV, sobre todo teniendo en cuenta «que ya existe jurisprudencia de otros tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas en dirección opuesta». A ese respecto puso como ejemplo lo ocurrido con la Cruz de los Caídos del Monte do Castro en Vigo o la de Buñuel. En ambos casos, el alto tribunal de sus respectivas comunidades autónomas se pronunció a favor de mantener la Cruz, aseveró la letrada.
En el recurso presentado ante el Tribunal Supremo, la Asociación Española de Abogados Cristianos denuncia que el TSJCV ha cambiado de parecer y se ha negado a mantener las medidas cautelares «tras las presiones de la consellera de Justicia», Gabriela Bravo, quien tildó de «espectáculo lamentable» que se frenara la retirada del monumento el día 29 de enero.
