La Plaza de España de Callosa de Segura amaneció ayer tomada por la Guardia Civil. La Subdelegación de Gobierno ha decidido mantener un cordón de seguridad a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decida si se continúa o no con la retirada de la Cruz de los CaídosCruz de los Caídos. Los jueces ordenaron el lunes paralizar la obra cuando la Cruz ya había sido arrancada de su base y sólo queda la peana de mármol blanco. Está previsto que los magistrados decidan hoy si aplican las medidas cautelares que solicita la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, que aboga por la permanencia del símbolo, o las alegaciones del Ayuntamiento gobernado por el PSOE, IU y Somos Callosa, que pretende continuar con el trabajo «en cumplimiento» de la Ley de Memoria Histórica.

Lo acontecido durante los últimos dos días en este municipio de 18.000 habitantes lo ha puesto en el foco informativo nacional y las reacciones se suceden constantemente entre partidarios de mantener lo que consideran que es un símbolo religioso y detractores, que valoran que no es más que un vestigio del franquismo. De esa última opinión es la consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo. Ayer dijo que ve un «espectáculo lamentable» lo ocurrido y afirmó que no comparte la decisión del TSJCV sobre la paralización de la retirada de esta Cruz. En declaraciones a Europa Press, Bravo defendió que el Ayuntamiento ha actuado «correctamente, en el marco de sus competencias y en obligación de lo que una ley estatal establece», en referencia a la de Memoria Histórica.

Por su parte, el tripartito que lidera el alcalde Fran Maciá, organizó ayer una comparecencia pública para defender su actuación en torno a todo este asunto y anunciar que ha pedido al tribunal que les permita seguir ahora con la retirada de la peana que lleva inscrito el nombre de los 81 caídos. Mientras tanto, un grupo de vecinos se concentraba junto a la Plaza de España pidiendo a gritos su dimisión.

El regidor señaló que, llegados a este punto, el gobierno local sólo repondrá la Cruz en su emplazamiento original «si el TSJCV nos lo dice». Explicó los argumentos por los que ha pedido poder culminar la retirada del monumento y dijo que la Plaza de España es pública y que toda la operación se ha desarrollado «al amparo de los principios de legalidad y ejecutividad de los actos administrativos y las resoluciones judiciales dictadas», que «les dan la razón». Según él hay dos sentencias firmes que les respaldan así como informes de la Generalitat. «Sufrimos desde 2016 una presión continua con incluso amenazas de muerte y tortura y todo por intentar cumplir la ley», prosiguió Maciá, que dijo que no dimitirá «por hacer cumplir la ley».

Por su parte, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundació Societat i Progrés, defendió ayer al tripartito por querer «recuperar el aspecto tradicional de una plaza que la Falange alteró plantando un monumento en memoria de la partida de falangistas de la Vega Baja que al principio de la Guerra pretendía perpetrar un acto de guerra ocupando Alicante para los sublevados y liberando de paso a su jefe, Jose Antonio». «Tenemos confianza en que al final la Justicia no se dejará utilizar por los mismos que ocuparon durante décadas la plaza con monumentos y honores a personajes y valores anticonstitucionales», trasladaron desde ese grupo.