El alcalde de Rojales, el socialista Antonio Pérez, se ha visto obligado a dar marcha atrás en su pretensión de pagar la hora extra a todos los funcionarios por igual, con un importe unificado de 30 euros. El PSOE aprobó en pleno esta medida y el Partido Demócrata de Rojales (Pader), en la oposición, recurrió. Lo hizo basándose en un informe elaborado por la Intervención municipal que advertía que las gratificaciones debían de ser acordes a las diferentes categorías profesionales, es decir, que no podía cobrar lo mismo un ingeniero que un jardinero. Aunque el gobierno local hizo caso omiso a ese dictamen, ahora ha reculado.

En concreto, lo que el gobierno socialista aprobó en pleno fue la creación de una bolsa de trabajo de «especial disponibilidad» para aquellos funcionarios y trabajadores municipales que voluntariamente quisieran hacer horas extraordinarias al margen de su jornada laboral. Esa parte de la plantilla se comprometía así a trabajar cuando el Ayuntamiento lo estimara necesario, como en fines de semana y festivos, cobrando todos lo mismo: 30 euros la hora, con un máximo de 2.400 euros anuales. La propuesta recibió el visto bueno de los sindicatos, pero no de los técnicos, que mostraron su disconformidad.

Negociación

Según explicó el regidor, se ideó como una fórmula para suplir la carencia de plantilla dado que el Ayuntamiento tiene prohibido ampliar el número de trabajadores y no puede obligarlos a hacer horas extraordinarias. Sin embargo, la interventora del Ayuntamiento dejó claro en su informe su «disconformidad con lo acordado en la Mesa General de Negociación en referencia al precio» de esas horas extra, dado que no se adecua al establecido en el Acuerdo Maro de Funcionarios del Ayuntamiento ni en el Convenio Colectivo del Personal Laboral; que fijan cuantías que van desde los 17 a los 20 euros por hora en función del puesto. El Pader alegó además que no se especificó qué días serían esos de especial relevancia y señaló que no era justo que «fuera el gobierno socialista el que escoja a los trabajadores de esa bolsa en cada momento». En su día, el grupo de la oposición justificó su voto en contra por los informes en contra del secretario y de la interventora, «que dejan clara la discriminación tanto entre grupos como entre trabajadores que quiere imponer el equipo de gobierno socialista». Ahora le ha reprochado al gobierno local que aprobó algo a sabiendas de que era ilegal y no le ha quedado otra opción que estimar el recurso presentado por el Pader.