El proyecto presentado por una empresa privada para la instalación de una planta de transferencia transitoria en Orihuela acabará en los tribunales. El Partido Popular de la Vega Baja llevará a la Fiscalía al presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda, por las dudas que le surgen a este partido sobre cómo accedió a toda la información que desveló en una rueda de prensa dando todo lujo de detalles sobre ese proyecto privado y las presuntas negociaciones que, aseguran, haya podido tener con la mercantil que lo presentó, que si bien Pineda señaló que fue Ferrovial, los populares denuncian que detrás de todo está Cespa, la anterior adjudicataria que, precisamente, mantiene un contencioso con ese Consorcio tras la resolución de su contrato. Denuncian la «opacidad» con la que ha tratado este asunto el presidente.
Así lo anunciaron ayer los alcaldes populares de Redován, Emilio Fernández y de Benejúzar, Antonio Bernabé, miembros a su vez de la comisión del Consorcio Vega Baja Sostenible. La denuncia sería por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias. De prosperar, sería el Tribunal Superior de Justicia quien investigara el asunto, al estar aforado Pineda al ser diputado autonómico.
Ambos pidieron su «dimisión irrevocable» al frente del Consorcio y así se lo han hecho saber por escrito al Director General de Calidad Ambiental, Joan Piquer «por la pérdida de confianza que tenemos todos los alcaldes». De no dimitir en unos días, los regidores populares de la Vega Baja anuncian que se irán del Consorcio. «Pineda obvió decir que el proyecto lo presentó Cespa, la misma empresa que presentó un recurso contra el Consorcio por la resolución de su anterior contrato, y dijo que se encontró el proyecto encima de la mesa y no es así ya que está en las dependencias de la Diputación de Alicante», dijo Fernández, quien instó a Pineda a dar explicaciones «del por qué tiene datos tan concretos y todo hace sospechar que tuvo que tener algún tipo de conversación privada con la empresa en cuestión antes de desvelar todos los detalles del proyecto».
Manuel Pineda desveló en rueda de Prensa el proyecto de iniciativa privada dando todos los datos como las ubicaciones y el coste, pero tras desvelar este diario que ni los técnicos conocen los detalles al estar en un sobre lacrado en poder de la Diputación de Alicante, éste aseguró que se lo encontró en la mesa de su despacho en el Ayuntamiento de Rafal. «Huele todo muy raro y el señor Pineda ha traicionado nuestra confianza. Ha perdido toda la seriedad y solvencia y ha reeditado la figura del esperpento de Valle Inclán», dijo el regidor de Redován. Los populares piden a Pineda que convoque una junta extraordinaria del Consorcio «para que dé explicaciones sobre todos los pasos que ha dado», indicó Bernabé. «Nos toma por tontos y pagamos más por la basura que antes de estar él y ahora tiene la osadía de vender un proyecto privado de esta forma tan oscura, con la empresa que ha llevado al Consorcio a los tribunales».
Emilio Fernández desveló que lo único que se presentó en octubre, concretamente el día 20, fue un escrito de Cespa anunciando la presentación de un proyecto de gestión privada para una planta de transferencia donde indicaba que «la presentación de este proyecto de gestión privada en ningún caso podría interpretarse como una renuncia total o parcial a las pretensiones que la UTE Cespa-Ortiz dirime en el seno del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del juzgado», que dio la razón a resolver el contrato por incumplimientos de la UTE, lo que a juicio de estos regidores es aún más grave. «El PP no lo va a apoyar ya en nada», concluyeron.
