La Fiscalía Anticorrupción cree que existen suficientes evidencias y elementos incriminatorios para considerar que desde el Ayuntamiento de Benferri, gobernado por Luis Vicente Mateo (PSOE), se pudieron cometer delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio al permitir a un promotor construir casas en zona verde, expedir las licencias de primera ocupación para vender las viviendas e impulsar después un cambio en el planeamiento urbanístico para tratar de legalizar toda esa situación. La denuncia por estos hechos fue interpuesta por la oposición del Partido Popular (PP) después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) fallara que todo ello se hizo para favorecer «tanto el interés particular del promotor como para legalizar una licencia de obras concedida por el Consistorio contraviniendo» la legalidad.
Tras el fallo del TSJCV, los populares denunciaron la situación para exigir responsabilidades penales y fue el fiscal Pablo José Romero quien consideró que había indicios delictivos, por lo que interpuso la correspondiente denuncia en los juzgados de Orihuela. Según el mismo, «resulta llamativo que se proceda a la concesión de una licencia urbanística sobre suelo clasificado como zona verde sin que, previamente, se haya procedido a modificar esa clasificación, como sucedió en el dictado del decreto de concesión de licencia el 10 de febrero de 2004». Romero prosigue que por otra parte «se comprueba la irregularidad consistente en instar a la ulterior modificación de las Normas Subsidiarias del PGOU de Benferri con la única finalidad de conseguir la posterior regularización de las viviendas, una vez construidas y vendidas, atendiendo a un supuesto interés general cuando el mismo ha quedado acreditado que no existe», tal y como ha afirmado el TSJCV. «Este fin espúreo es el que parece guiar a los denunciados en los acuerdos de los plenos de fechas 4 de abril de 2008 y 28 de febrero de 2011 (para modificar el PGOU), acuerdos que han sido dejados sin efecto de forma definitiva, por lo que las construcciones realizadas en zona verde no son legalizables».
No ha prescrito
Como conclusión, la Fiscalía expone que «los actos expuestos estarían dirigidos, supuestamente, por un mismo propósito, por lo que se entiende que, pese al tiempo transcurrido, no concurriría el instituto de la prescripción, en particular en relación a los hechos relativos a la concesión de la licencia, dado que los mismos se siguen realizando hasta el 2008 y 2011, fechas en las que se pretende regularizar el inicial acto ilegal mediante la modificación del PGOU».
Toda esa conclusión fue dictada hace casi un año, si bien la investigación se ha ido retrasando. El motivo es que además del alcalde socialista figuran como denunciados el arquitecto municipal y el secretario en funciones, Luis Vicente Mateo. Precisamente éste último, por el cargo que ocupa, tenía que ser el encargado de enviar toda la documentación exigida por el juez. Sin embargo podía existir un conflicto de intereses al actuar como fedatario público y como investigado. Pues bien, el funcionario dijo ayer que envió un escrito al juzgado pidiendo dilucidar si tenía esa competencia o no y, siempre según su versión, el secretario judicial emitió un oficio en el que se indicaba que tenía facultad para ello. Esa resolución tardó cerca de seis meses, según su versión.
Sin embargo, el último oficio remitido desde el juzgado al Ayuntamiento hace pocos días exige que se envíe una certificación con nueva documentación e indica expresamente que ese escrito no podrá ser emitido por Luis García Vicente.
