La concejala de Urbanismo de Orihuela, Begoña Cuartero, defendió ayer que el Ayuntamiento no dispone de herramientas para bloquear el plan urbanístico de Cala Mosca, en el litoral, donde se proyectan 1.500 viviendas. La edil valoró que la administración local se limita al cumplimiento del trámite que marca la legislación. Dejó claro que no piensa tomar decisiones que enfrenten al municipio a tener que pagar una indemnización millonaria en concepto de responsabilidad patrimonial al dueño de la finca, catalogada como terreno urbanizable desde los noventa. Cuartero delegó toda la responsabilidad en la Generalitat Valenciana, que tiene que resolver las alegaciones registradas al estudio de impacto ambiental. Si resulta favorable, se dará vía libre a urbanizar en el último kilómetro virgen de la costa oriolana.
La edil de Urbanismo se expresó así de contundente en la sesión plenaria celebrada ayer en Orihuela. Lo hizo durante el debate de una moción registrada por el grupo Cambiemos, que a través de la edil Marta Guillén defendió la necesidad de «promover todos los mecanismos posibles para poder paralizar» el proyecto urbanístico. Su propuesta incluía adoptar un acuerdo para que Cala Mosca pudiera ser «un espacio para el disfrute de todos y preservar lo que debe seguir siendo un sistema único y privilegiado del término municipal».
«El PP también está a favor de los valores naturales pero siempre lo haremos siguiendo la normativa y la legislación vigente. ¿Saben lo que es la responsabilidad patrimonial? No vamos a enfrentarnos a una indemnización por eso, será la Conselleria la que evalúe e informe», zanjó Cuartero.
El PSOE sí respaldó la propuesta de Cambiemos. El edil Antonio Zapata pidió a la concejala de Urbanismo que «en base a los informes que constan en el expediente, retire la exposición pública del estudio de impacto ambiental, y que se presente un nuevo proyecto de reurbanización del plan parcial». Todo ello porque las medidas que ha adoptado ahora el promotor siguen siendo perjudiciales y «van a ser destructoras de flora y fauna».
Precisamente la necesidad de preservar especies protegidas hizo que la posibilidad de construir en Cala Mosca llegara al Parlamento Europeo, que obligó a redactar el citado estudio ambiental. Un estudio que la oposición recordó que ha sido elaborado el propio constructor, por lo que creen que no vela por los intereses medioambientales y sí por un interés «especulativo».
