10 de marzo de 2016
10.03.2016
Orihuela

El desahucio frustrado de los juzgados por el PSOE costó 4.000 euros al Ayuntamiento

La minuta del abogado se pagó dos semanas antes de acabar el mandato

10.03.2016 | 01:24
El desahucio frustrado de los juzgados por el PSOE costó 4.000 euros al Ayuntamiento

El abono se efectuó 14 meses después de que la Audiencia le dijera a los socialistas que esa no era la vía para la reclamación del edificio.

El famoso desahucio del Palacio de Justicia de Orihuela que abanderó el pasado mandato la entonces portavoz socialista, Antonia Moreno, le costó 4.000 euros a las arcas públicas, correspondientes a la minuta del letrado, y nunca llegó a entablarse realmente porque los jueces rechazaron de plano la reclamación al considerar que el Ayuntamiento se había equivocado de vía para realizarla. Ayer, la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, quien compareció para dar su punto de vista sobre el procedimiento que el alcalde, Emilio Bascuñana, va a entablar para lograr la devolución del solar y del edificio de 890 metros cuadrados de planta de otros juzgados, de los antiguos –junto a la iglesia de las Santas Justa y Rufina–, admitió que este asunto está en un expediente en el Ayuntamiento «que estoy segura que ni han visto», añadió.

El desahucio fue la respuesta que los socialista y Los Verdes, entonces en la Alcaldía, dieron a la Generalitat sobre la falta de diálogo para conseguir que la Administración valenciana pagara de una vez el edificio que lleva 11 años disfrutando y que el alcalde de Orihuela en 2005, José Manuel Medina (PP), construyó sin que existiera un convenio que dijera cuándo se iba a abonar. El coste fue de 6 millones de euros.

Batalla
Antonia Moreno, el 14 de junio de 2013, comenzó una batalla judicial para tratar de conseguir un pago que por la negociación no había logrado a través de la presentación de una demanda de desahucio que se tramitó ante el juzgado de Primera Instancia número 3 y en la que se pedía, en definitiva, el lanzamiento de los ocupantes; es decir, de todos los funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan allí, incluidos jueces, secretarios o fiscales. El juzgado se inhibió en favor del decano de los de Alicante que lo repartió al de Primera Instancia número 6. En un auto que se firmó el 8 de noviembre de aquel año y con informe favorable del fiscal, se desestimó la petición porque se entendía que debía resolverse en otra jurisdicción, la contencioso-administrativa, y no en la civil. El Ayuntamiento de Orihuela no informó de esta resolución ni de la subsiguiente decisión que adoptó: recurrir ante la Audiencia Provincial, que el 6 de marzo de 2014 confirmaba el fallo. Aquel día acabó el famoso desahucio. El equipo de gobierno tampoco informó de ello.

Catorce meses más tarde, a dos semanas de concluir el mandato, el equipo de gobierno que encabezaba Monserrate Guillén (Los Verdes) pagó la minuta del abogado: 4.000 euros, sin dar cuenta de todo este asunto que llenó páginas de periódicos y de medios de comunicación cuando se presentó, pero que se ocultó cuando los juzgados dijeron que estaba mal planteado. El letrado, como publicó INFORMACIÓN, trabajaba en un despacho de La Marina que compartía con la entonces asesora del PSOE, Fanny Serrano, quien en la actualidad es portavoz del equipo de gobierno pentapartito de Torrevieja.

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