«Ni el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), ni el Plan Zonal de residuos de la Zona XVIII aprobado en 2005 contemplan el polígono industrial de Torrevieja como una zona válida para este tipo de instalaciones», según la concejal de Urbanismo, portavoz del equipo de gobierno, y a la sazón, vicepresidenta del consorcio del plan zonal de residuos de la Vega Baja por el PSOE, Fanny Serrano. Este es uno de los principales argumentos esgrimidos por los técnicos municipales de Torrevieja para informar en contra de la obtención de licencia ambiental solicitada por un empresario local para construir una planta de transferencia de basura en el polígono industrial Casa Grande y que pretendía gestionar hasta 500 toneladas diarias de basuras, no solo de Torrevieja, también de la comarca.

Aunque el empresario puede presentar alegaciones, en el decreto se expone una batería de diez deficiencias que no dejan mucho margen al recurso y que fulminan la posibilidad de que el polémico proyecto, presentado con la oposición total de los empresarios de la zona industrial, salga adelante. La negativa de Torrevieja acaba con la única propuesta concreta en firme, de carácter privado, que a corto plazo aliviaría de forma transitoria los problemas de gestión de las basuras comarcales, que generan un gran encarecimiento de costes para los municipios al tener que recurrir a plantas de transferencia y eliminación defuera de la comarca. Además de incumplir el plan zonal, se indica que el proyecto, planteado en una parcela del número 22 de la calle Antonio Ruiz Coves, está «muy próximo a núcleos urbanos, a actividades comerciales y a una zona escolar. Además, linda con una instalación de pistas de pádel, justo en frente de esta ubicación se está construyendo el segundo tanatorio de Torrevieja, a menos de 100 metros abren a diario varios pubs, centros deportivos, el Colegio Habaneras y el futuro centro de dependientes.

A ello hay que añadir, según Serrano, que la red viaria de esa zona «tampoco cumple con el ancho mínimo que exige la ley para sectores de uso industrial -cuenta con 10,50 metros- dado que el ancho mínimo para el paso de vehículos pesados debería de ser de 18 metros para un vial de un único sentido, y de 24 para el de doble sentido» -algo que, por otra parte, incumplen muchas otras actividades de construcción e industriales en el mismo polígono desde hace décadas-. Por otro lado, existen impedimentos atendiendo al Catálogo Municipal de elementos protegidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde se indica que la acumulación de residuos sólidos se situará en lugares poco visibles, donde los vientos no puedan llevar olores a núcleos habitados - como la urbanización Pueblo Bravo-.

Serrano agradeció irónicamente al PP su gestión con este tema de la planta y les dio las «gracias por situación en la que nos encontramos». La edil defendió que si hubieran actuado correctamente en su día, «Torrevieja ahora contaría con una planta en condiciones -la que se proponía en el pliego de las basuras en 2004, legal, no se habría solicitado la del polígono y no estaría el anterior exalcalde en la cárcel y también podríamos tener resuelto el tema de la comarca».

Compatibilidad

Fuentes del PP indicaron ayer que han defendido la postura de los industriales y negocios de la zona en contra del proyecto, y que el criterio de los técnicos les da la razón porque ya advirtieron que el certificado de compatibilidad urbanística del suelo, otorgado por Eduardo Dolón -algo muy cuestionado por el actual gobierno-, no condicionaba que luego se denegara la licencia, como así ha ocurrido. Criticaron además las palabras del actual alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) achacando hace unas semanas al PP que la planta pudiera salir adelante.