Más de cuatro años después desde que se aprobara el Proyecto de Reforma Interior para urbanizar Montepinar, un plan que contó desde el principio con el desacuerdo de los vecinos, que eran quien tenían que asumir los más de 10 millones de euros que han costado, los afectados continúan sin alcantarillado debido a que Iberdrola no ha efectuado las instalaciones eléctricas necesarias para impulsar las bombas de agua necesarias para su funcionamiento, por lo que la red de saneamiento por la que han pagado está inoperativa.
El presidente de la entidad, Fernando Goberna, apunta a que el Ayuntamiento «sigue sin mover el tema con el interés necesario» para que la compañía eléctrica instale la línea de media tensión necesaria. El soterramiento de la línea telefónica, una vez concluidas las instalaciones subterráneas para albergarla, continúa en el aire pues «no parece que el Ayuntamiento haya contactado con la empresa» para informarle de que debe proceder a ese soterramiento. Por tanto, los antiguos postes de madera aún siguen llenando la urbanización, convirtiendo la zona en un circuito de cables a lo largo y ancho de sus calles «y el servicio sigue siendo muy malo».
Todo ellos después de años de retraso por el que «la empresa pedirá recargos», ya que algunos de ellos se deben a la desidia del Ayuntamiento a la hora de solicitar los permisos necesarios para acometer la obra, como promotor de la misma.
Aunque buena parte de los trabajos ya han finalizado, desde la asociación vecinal reclaman a la actual equipo de gobierno continuar «con el negociado de costes anunciado por la anterior corporación», como el canon de saneamiento. Después de que cerca de una cuarta parte de los vecinos hayan tenido que vender sus viviendas o haberle sido embargadas en el peor de los casos al no poder hacer frente a las cuantías requeridas para acometer las obras, desde la asociación recuerdan que «el G2, la otra parte de la urbanización, aún sin realizar, debe 170.000 euros respecto al porcentaje que le toca de los saneamientos, por lo que el Ayuntamiento debe reclamar esta cantidad al propietario actual, un banco», igual que hizo con los particulares que eran propietarios de viviendas.
Aceras
De la misma forma, y tal y como publicó este diario el pasado domingo, la asociación denuncia que «consideramos que se ha permitido una infracción urbanística en una valla de una parcela en la entrada a la urbanización por la calle Coruña, que obliga a estrechar la acera hasta lo ridículo», apenas los 20 centímetros de bordillo.
Por todo ello, reclaman soluciones al Ayuntamiento de Orihuela, que fue el que «impuso el proyecto», recuerdan, y cinco años después de su presentación. en 2011 y casi cuatro desde que se iniciaron los trabajos de legalización, en 2012, y cuando aún quedan muchos flecos por pulir y soluciones que dar a unos vecinos que están desesperados por «las obras de nunca acabar».
