Los vecinos de Montepinar tienen la soga al cuello. Desde que el Ayuntamiento comenzó a cobrar las cuotas de urbanización ha girado, a través de Suma, hasta cien embargos de sus cuentas o bienes. Los propietarios afirman, a través de uno de sus asesores jurídicos, que en el proyecto de urbanización de Montepinar existen numerosas irregularidades y por eso son muchos los que han recurrido las cuotas de urbanización, primero ante la administración local y luego a través del juzgado de lo Contencioso. Además, critican que el Consistorio no «ha frenado los embargos». De hecho aseguran que muchos han presentado un aval personal e incluso bancario para no perder sus propiedades ante el impago de las cuotas «y aunque se tiene que suspender el embargo, el Ayuntamiento no ha hecho nada. Dice que es cosa de Suma y cuando llegas a la entidad te dicen que ellos tienen que ejecutar el embargo», aseguran.

En Montepinar residen casi 300 familias pero muchas de ellas no pueden hacer frente a los gastos de urbanización que ascienden a diez millones de euros porque «son pensionistas que tienen un salario que no supera los 700 euros». De esta forma se quejan de que este proyecto «es un atraco a mano armada» e incluso plantean denunciarlo a la Fiscalía de Anticorrupción «porque hay numerosas irregularidades», añaden.

Los vecinos explican que la primera irregularidad se encuentra en el propio proyecto «que costó un millón de euros». Y añaden que se «copió con los mismos errores el proyecto de urbanización que realizó una empresa en 1997». Este documento, dicen, «contempla que la zona está ocupada en un 90% por viviendas y que prácticamente todas tienen los servicios, a falta del alcantarillado y el alumbrado público; sin embargo, aquí están urbanizando como si no hubiese nada con el coste que eso supone». Asimismo se quejan de que el arquitecto e ingeniero que lo firman «cobran como si fueran profesionales libres y son trabajadores de la urbanizadora».

Por otra parte señalan que, pese a que el proyecto contempla la existencia de viviendas y se llevó a acabo para legalizar la urbanización, «ahora los propietarios tienen que registrarlas y eso sube a siete mil u ocho mil euros más», algo que el alcalde negó que fuese a ser así. En este sentido reiteran que las obras eran «innecesarias y suponen un doble gasto, cuando nosotros ya habíamos pagado por tener servicios como la telefonía y, además, tenemos que hacer frente a gastos de abogados para defendernos».

Los propietarios se sienten «desamparados» y no comprenden por qué tienen que sufrir esta situación mientras el alcalde Guillén «sigue como si nada: pasó de decir que el precio de urbanización era desmesurado a convertirse en el máximo defensor de la empresa saltándose a la torera la ley y nuestros derechos».