Los técnicos del área de Urbanismo alertaron al edil Francisco Moreno (PP) a finales de 2014 que el trámite para conceder el certificado de compatibilidad urbanística al proyecto de la planta de transferencia de residuos debía someterse al análisis y visto bueno del Consorcio comarcal de residuos de la Vega Baja. Los funcionarios indicaron que era la propia empresa promotora la que debía realizar ese trámite de informar a la entidad pública, en la que participan los municipios de toda la comarca.
La mercantil, según figura en el expediente al que tienen acceso todas las actividades que van a alegar, no hizo esa solicitud. En concreto, el 24 de octubre de 2014 un técnico indicó sobre ese certificado de compatibilidad que debería contar con informe al Consorcio sobre la «conveniencia de la instalación de la ubicación solicitada», en el polígono industrial y si «dicha instalación se encuentra entre las previstas en el plan zonal de residuos». Ese trámite no se realizó.
En su lugar, el edil instó a técnicos del propio ayuntamiento en el área de Aseo Urbano y no al Consorcio, a que valorasen la ubicación y su encaje jurídico de una iniciativa privada que no figura en el plan zonal. La ley valenciana de Residuos y el consorcio comarcal, establecen una competencia pública de la gestión de las basuras en cada comarca. El proyecto de Torrevieja está exclusivamente enmarcado en la iniciativa privada y que la ciudad no aparece en el plan zonal, ni en la legislación valenciana como una ubicación propicia, pero el informe al Consorcio del plan zonal no se solicitó. El equipo de gobierno del PP siguió adelante con la tramitación y concedió la compatibilidad en febrero de 2015, según el expediente.
Esos informes de Aseo Urbano también especificaban que Torrevieja puede generar en su jornada de mayor ocupación en la primera y segunda semana de agosto, hasta 180 toneladas de residuos, muy lejos de las 500 de capacidad con las que contaría la planta sobre 2.300 metros cuadrados, ya dimensionada para recibir la basura de otros lugares.
Atendiendo a estos antecedentes, el actual equipo de gobierno podría reclamar ahora ese informe del Consorcio sobre la idoneidad de la instalación o denegar la licencia ambiental por esa carencia. El Consorcio del Plan Zonal de Residuos está presidido por el alcalde socialista de Rafal, Manuel Pineda. La vicepresidencia está a cargo la también edil de Urbanismo de Torrevieja, Fanny Serrano -que es además quien debe resolver el actual trámite de la licencia ambiental-.
Alegaciones
La oposición al proyecto enclavado en pleno polígono industrial, junto a dotaciones públicas como un colegio y actividades como pubs y clubes deportivos y de ocio, sigue expresándose en alegaciones.
En este sentido, la empresa del tanatorio que se construye a escasos cinco metros de la parcela en la que se ubicaría la planta y que desconocía el proyecto hasta el punto que tramitó la licencia en junio pasado, cuando la planta de basuras ya había recibido el certificado meses antes, ha presentado unas alegaciones que precisamente se basan en la necesidad de que una instalación de estas características esté enmarcada en las determinaciones de su plan zonal, que no es el caso. También cuestiona el hecho de que el proyecto para conseguir la licencia ambiental eluda citar los itinerarios que seguirán los camiones de recogida por los viales del polígono hasta llegar a la planta.
El área del tanatorio y zonas aledañas son utilizadas durante los fines de semana, en especial en verano, para realizar botellones, ligados a las actividades nocturnas de la zona. Ayer representantes de los trabajadores de la contrata de recogida de basura vigente, que se reunieron con el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) para abordar el trámite de la nueva adjudicación cuestionaron la viabilidad de este proyecto en el polígono industrial. Explicaron que conocen los viales y que advirtieron que es muy peligroso el tránsito en una zona atestada de peatones en verano. Las mismas fuentes indicaron que no se trata sólo del paso de media docena de camiones todas las noches. La transferencia de basura sería constante. No todo el equipo de gobierno pentapartito está políticamente en contra de la planta de residuos. El principal valedor de la instalación en el gobierno local es el edil de APTCe, Domingo Soler, aunque este ha subrayado que hay que seguir escrupulosamente el procedimiento administrativo.
