El Consorcio de Residuos de la Vega Baja está atado de pies y manos prácticamente desde su constitución de la que hoy se cumplen dos meses bajo la presidencia de Manuel Pineda (PSOE). El responsable de resolver qué hacer con los desechos que genera la comarca (247.000 toneladas anuales) admitía ayer que no se tomarán decisiones a la ligera mientras espera que los técnicos de la Diputación le entreguen un informe que se considera básico para decidir el futuro y que tiene que responder a esta pregunta: ¿El proyecto de gestión que se aprobó en beneficio de Cespa-Ortiz sigue vigente? Y mientras no se resuelva esta cuestión no tomarán decisiones. En definitiva, están en un lío jurídico que les impide tomar decisiones.
El socialista, que el jueves reunió otra vez a miembros del Consorcio para analizar la situación, aseguró que antes de finalizar el año no tendrá en sus manos un documento para saber dónde se pueden instalar plantas de transferencia y que en enero se convocará a los 27 municipios. Pineda no tiene la menor prisa en tomar decisiones sin que la presión de los municipios que están asumiendo las basuras -Xixona, Villena y Elche- o de los alcaldes del PP de la Vega Baja, que se quejan del incremento de costes por el transporte (20 euros más por tonelada), le haga temblar el pulso.
Como se recordará, días antes de la constitución del Consorcio, la Generalitat anunció que daría un «ultimátum» al órgano para que tomara decisiones en un mes. Pues bien, han pasado dos y en este tiempo, además de enfrentarse con la realidad de que resolver el problema no será tan fácil, el propio Consell ha admitido que la asfixia económica que sufre aleja cualquier posibilidad de una gestión pública de las plantas de transferencia; es decir, que hay que acabar en manos privadas y, consecuentemente con ellos, con unos costes que se tendrán que asumir. La reunión de enero, sin fecha por supuesto a estas alturas, permitirá, según Manuel Pineda, sentar las bases de un estudio para ubicar las plantas de transferencia «en zonas permitidas y que sirvan para la futura planta definitiva». Es decir, que la decisión que se adopte no se tomará con rapidez pero los acuerdos sí serán para largo plazo. De momento, la Generalitat está siendo paciente con una situación que, en buena medida, le compete. Ya cerró filas cuando aseguró que no atenderá la petición de los alcaldes de la Vega Baja de reabrir la planta de Crevillent (Abornasa), que desde hace dos años se convirtió en el «salvavidas» de las basuras de la Vega Baja desde que dejaron de llevarse a Proambiente, entre Abanilla y Orihuela. El argumento es que se cerró por una sentencia judicial, lo cual es bastante más contundente que la petición en sí de los regidores que reclamaban la medida para abaratar costes, algo que al fin y a la postre es el gran problema que han tenido las basuras de la Vega Baja: todo se hacía para que costara menos sin tener en cuenta si se hacía bien.
