La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Torrevieja ha decidido proseguir el procedimiento ante un tribunal del jurado contra el exconcejal del PP Javier Montoro y la exasesora de Alcaldía en el anterior mandato, Juana López Carmona, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en el mal uso de los móviles municipales, rechazando los recursos de sus abogados. Lo hace además en contra del criterio del fiscal, que pedía al igual que al resto de denunciados el sobreseimiento de la causa, tal y como recogió esta edición en abril. La denuncia presentada por el PSOE a finales de 2012 indicaba que ediles y asesores de gobierno del PP de entonces usaron los móviles para llamadas privadas, a concursos de televisión, descargas de juegos y contactos.
El auto de la jueza sí confirma el archivo del procedimiento a los exediles Daniel Plaza -que tuvo que dejar el cargo cuando estalló el caso a finales de 2012-; el exconcejal Eduardo Gil Rebollo, el asesor en su día del área de Extranjería, Graham Knight, y el también exdelegado José Manuel Pizana a no quedar acreditada la perpetración del delito. Juez y fiscal coinciden aquí en considerar que no ha quedado probado que muchas de las llamadas bajo sospecha no guardaran relación con su función pública o suponían un gasto pequeño respecto a los más de 504.000 euros que el Ayuntamiento gastó en móviles entre 2009 y 2012.
Las diligencias indican que el mayor gasto privado de móvil público, en el periodo investigado, entre 2009 y 2012, lo realizó Montoro con 3.331 euros, seguido por la exasesora de Alcaldía Juana López, con 2.188 euros. La juez entiende que para ambos debe aplicarse el artículo del Código Penal que castiga a la autoridad o funcionario que destine a usos ajenos a la función pública caudales o efectos puestos a su disposición en razón de su cargo, con penas de seis meses a tres años de cárcel. Mantiene el procedimiento contra ambos basándose, en especial, en sus declaraciones y en el importe de las llamadas. Montoro, frente al resto de investigados, que evitaron confirmar lo que aparecía en los listados de llamadas, reconoció la autoría, su disculpa pública desde el primer momento y la devolución del importe. López dijo ante el juez y el fiscal que las llamadas, en su caso concentradas de madrugada y dirigidas a programas de concursos, nunca pudo hacerlas ni su pareja ni su sobrina, como sugirió inicialmente su defensa, lo que la señaló a ella como autora.
El fiscal argumentó para pedir el archivo que los móviles de propiedad municipal se usaron de forma «temporal y transitoria» para realizar llamadas privadas, «sin ánimo de lucro» y «sin desplazamiento del bien» utilizado.
