Hace un mes y en una rueda de Prensa, en la que dijo que con ella daba por zanjado el tema de los móviles, al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), no le pareció que "fuese lo importante" saber cuántos concejales, asesores y funcionarios y por qué cantidad habían sido investigados por el escándalo de la telefonía -destapado por INFORMACIÓN- tras descubrir el uso irregular que miembros del equipo de gobierno del Partido Popular de Torrevieja y cargos de confianza habían hecho de sus teléfonos públicos, con llamadas a servicios de prostitutas, descargas de tonos, politonos, servicios roaming en el extranjero, juegos o suscripciones a canales porno y a televisión por pago a través del terminal. Todo ello se supo porque el equipo de gobierno sobrepasó el gasto presupuestado en telefonía y tuvo que acudir a la fórmula de aprobar las facturas con reparos, a través de un pleno donde impone su mayoría, pero facilitando previamente información al resto de grupos municipales sobre en qué se gastaban el dinero público.

Ayer por primera vez Eduardo Dolón se vio obligado a dar algunos datos, y a darlos por escrito, después de que en el último pleno de 2012 el grupo municipal de Los Verdes se los pidiera también por escrito y con la obligación legal por su parte de hacerlo.

Al concluir la sesión plenaria de ayer -que finalizó con más preguntas sobre este "affaire", el diario ya publicó el miércoles que LV va por las 54 registradas hasta ahora-, los concejales José Manuel Dolón y José Hurtado se encontraron en la mesa de su despacho con que el alcalde les había contestado a las primeras 18 que hicieron en aquella sesión del 28 de diciembre. Así ayer se supo que dos concejales y dos asesores han ingresado más de 3.800 euros en las arcas municipales por estos excesos. Ahora bien, quedan otros ediles supuestamente implicados, cargos de confianza e, incluso, funcionarios de los que aún no se conoce dato alguno. Entre ellos están, por ejemplo, la concejala Agustina Esteve, o el que fuera edil de Deportes y Educación, Daniel Plaza, quien dimitió a los dos meses de salir su nombre en relación con este escándalo.

Tiempo

Del único que se sabía que iba a pagar era de Javier Montoro -días después así se lo hizo saber a este diario, al tiempo que pedía perdón por desconocer que no tenía tarifa plana, aseguran que nunca le había entregado el Ayuntamiento las facturas y que por ello desconocía los consumos de sus llamadas personales-. El edil de Obras y Servicios ha ingresado 1.314,7 euros por este uso desde 2007. Las otras tres personas que han devuelto dinero al erario son el concejal Eduardo Gil Rebollo, que ha puesto 688,9 euros, según el Ayuntamiento; la asesora de Fiestas y exconcejal del PP, Juana López Carmona, con 1.019,3; y el asesor de Protección Civil, José Antonio Vidal Martínez, con 850,4. Aunque este dinero se ha reintegrado, el alcalde en su contestación da a entender que hay reclamaciones contra la compañía que, en el caso de que sean favorables, darán lugar a la devolución de cantidades. Los cuatro han ingresado de varias formas: reteniéndoles de la nómina, con ingresos en efectivo e, incluso, con pagos fraccionados mensuales.